Mientras el ruido político o el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso le pasan una factura costosa al Perú, hay otro poder del Estado, aquél cuya función es administrar justicia, que debería hacer sus mejores esfuerzos y trabajo para que haya institucionalidad y seguridad jurídica en el país, porque la seguridad jurídica es democracia real, es desarrollo y paz social.

hí está, por ejemplo, un caso que ya es emblemático y que espera justicia. Tiene que ver con los microempresarios de Villa 2000, en el distrito capitalino de Villa El Salvador, donde todo está demostrado y llano para que el Poder Judicial se pronuncie definitivamente y sin retardo, máxime cuando se trata de vencer al tráfico de terrenos y la corrupción, tal como ha quedado demostrado en “Hora Seis”, programa de radio de la Federación de Periodistas del Perú.

Incluso Cofopri le da la razón a este sector de emprendedores (Exp. 019-2014 y Exp. 057-2020 del Juzgado Civil de Villa El Salvador), que por años viene pidiendo se le reconozca una prescripción de dominio, pero justicia que tarda no es justicia y da lugar a que malos notarios e inescrupulosos personajes aparezcan en el camino para poner cortapisas “non sanctas” a ese derecho, lastimando la seguridad jurídica peor ahora que la economía nacional tiene que recuperarse frente al atraso generado por la pandemia y el mal gobierno del presidente Vizcarra.

Las instituciones y órganos de la administración de justicia tienen que ser más eficientes frente a asuntos civiles que tienen más de 16 años (Exp. 76984-2004) y procesos penales donde la propia Municipalidad de Villa El Salvador reconoce el agravio cometido contra los microempresarios de Villa 2000 (Exp. 481-2015). Por eso las demoras en la decisión de los juzgados es un atentado al desarrollo nacional, sobre todo cuando hay fallos de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur que solo esperan la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Mientras haya ese tipo de divorcios entre los discursos oficiales de la judicatura y la realidad, por ejemplo de emprendedores peruanos que sólo reclaman justicia, no se podrá hablar de un Estado social y constitucional de derecho en el país, concepto tan importante para que la sociedad venza a la corrupción, produzca pacíficamente y genere empleo en distritos populares como el referido.

@RafaelRomeroVas