Hay quienes creían que, con todas las críticas que se le habían hecho, el Parlamento podría dejar de lado el populismo, o por lo menos congelarlo.

Pues craso error, lo que quieren congelar son los créditos, lo que acredita que hay parlamentarios que tienen congelado el cerebro y, por más buenas intenciones que pudieren tener, para ayudar a los deudores a enfrentar sus obligaciones crediticias, en esta pandemia que es tan cruel con la salud de las personas y la salud de la Economía, lo único que lograrán es agravar la situación.

En buena medida se plantea una moratoria de los créditos, que en su oportunidad otorgaron las instituciones financieras a sus prestatarios, en diversas modalidades, entre ellas las tarjetas de crédito. La moratoria no es otra cosa que la postergación o aplazamiento de las fechas en que se debería retornar lo recibido como crédito más sus respectivos intereses.

Hay que recordar que el crédito es una mercancía llamada dinero, que se entrega en préstamo, no en regalo, y que tiene que ser devuelta, con un plus, que es la retribución por el servicio financiero, plus que se llama intereses. Y, lo explicamos, pues como alternativa a la moratoria, o como complemento de ella, se plantea la condonación o perdón de los intereses.

La actividad de bancos e instituciones de crédito, en general, consiste en recibir dinero del público (ahorristas) al cual lo remuneran con la entrega de un interés, y el dinero que reciben de los depositantes/ahorristas, las organizaciones financieras a su vez lo prestan a terceros (prestatarios) a un mayor interés. En caso de condonarse los intereses por los préstamos que los bancos otorgan, indiscutiblemente carecerán de los recursos para remunerar a los ahorristas el importe de sus ahorros. Tan sencillo como claro.

Lo malo, mejor dicho, lo pésimo de la propuesta y de todas sus alternativas, es que por ley se quiere imponer la moratoria, congelamiento, reprogramación, aplazamiento o como quiera llamársele, de los créditos concedidos. Ello además de pernicioso para el sistema financiero, es inconstitucional, dado de que está prohibido que por ley se modifiquen los contratos, y el crédito es indiscutiblemente un contrato.

Las entidades crediticias, cuando las circunstancias lo ameritan, ya está concediendo reprogramaciones de devolución de capital y pago de intereses, incluso algunas veces, la reducción de estos últimos, por lo que carece de objeto imponer por ley, lo que de mutuo y común acuerdo ya se viene haciendo.

De aprobarse por ley la moratoria, en la práctica los bancos serán muy duros para otorgar créditos, lo que hará que quienes tienen una economía elemental, sean aventados hacia los agiotistas que cobran intereses usureros.

Hacer por ley lo que se puede hacer por convenio, en la práctica hará que existan prestatarios, que pudiendo honrar sus compromisos a tiempo, prefieran postergarlo, o quizás incumplirlo, con lo que se podría estar premiando al “perro muerto” y al “cabezazo”.

Recuerden los promotores del desaguisado, que el infierno está empedrado de buenas intenciones.