El riesgo de copiar los modelos exitosos de otros países no es solo copiarlos mal, sino pretender implantarlos de forma compulsiva, sin atender criterios históricos ni políticos. Mientras en Washington D.C. el principal residente de la Casa Blanca no tiene más poder que los ocupantes del Capitolio, aquí no existe lealtad constitucional al principio de separación de poderes. Por eso el intenso dramatismo de la segunda vuelta presidencial, pues sabemos que será difícil sujetar a quien resulte vencedor; se puede sospechar que Keiko Fujimori intente gobernar sola con su entorno, en lugar de convocar a políticos y técnicos capaces de enfrentar los retos del momento: pandemia y crisis económica; pero el líder del SUTEP-Conare, Pedro Castillo, atemoriza porque una vez elegido no tendría la necesidad de aparentar formas conciliadoras, pues solo debe aprovechar las reformas e interpretaciones constitucionales para quebrar el Estado de Derecho y la democracia; por convicción ideológica, necesita reemplazar el régimen constitucional por la dictadura de su partido con el apoyo de los ‘expertos’ cubanos y la pasividad de quienes tienen los recursos para impedirlo, ahora. Las consecuencias serían terribles para las clases medias, no solo en lo económico sino también en lo social y en lo cultural; la derrota de los valores comunes que unen a liberales y a conservadores podría ser definitiva.
Por eso es inconcebible que la izquierda progresista, que sí cree en perfeccionar la democracia y controlar el mercado para construir un Estado de Bienestar, dude aún a quién apoyar. Hay derechos individuales y sociales, que se deberán discutir con Keiko, pero que, en un régimen comunista propio del siglo pasado, serían desdeñados porque su naturaleza es contradictoria con la superioridad del Estado sobre el individuo. Luego del exitoso abuso de la Cuestión de Confianza para aprobar reformas constitucionales bajo el temor de la disolución, sabemos que no es necesario tener siquiera una bancada para vencer y humillar al Congreso, maniatar al TC por el mandato vencido de sus integrantes, y digitar a una parte de la administración de justicia con el pretexto de la reforma.
La presidencia de la República ha reunido demasiado poder, está por encima de los otros órganos constitucionales, y gran parte de la angustia que los peruanos sentimos por nuestro futuro radica en que sospechamos que el curso de nuestras vidas depende excesivamente de las necesidades, prejuicios e ideología del inquilino de Palacio de Gobierno. Es momento de preocuparnos en fortalecer, de verdad, a las instituciones y en limitar al poder presidencial.

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