El referéndum: la observación, el JNE y la realidad

El referéndum: la observación, el JNE y la realidad

El pasado jueves 13, como era de esperarse, el Presidente de la República observó la autógrafa de la norma aprobada por el Congreso, mediante la cual se modifican los artículos 40 y 44 de la Ley 26300 (Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos) y que, desde mi columna del lunes 29/11/21, publicada por la gentil recepción del diario Expreso, ya había llamado la atención, en el sentido de que era “innecesaria” la referida modificación.

Lo cual significa que la observación presidencial es impertinente; pues los artículos en mención no necesitan ninguna interpretación ni menos aclaración; tal y como están expuestos o redactados no generan ninguna duda que necesite ser interpretada.

La modificación a la Ley 26300 se orienta para evitar que se interprete antojadizamente los dispositivos legales en mención. Esto es, como igualmente lo mencioné en mi columna del 1/11/21, toda reforma constitucional tiene que pasar por la aprobación previa del Congreso. Siempre que se haya aprobado por lo menos con 66 votos, y no se hayan alcanzado los 88 votos a favor (y no 87, como se continúa comentando equivocadamente –la Constitución establece que se requiere una votación “superior” a los dos tercios y, no dos tercios, que es diferente-).

Con relación a la nota de prensa del 13 de los corrientes, emitida por el JNE, en el que señala: “…que todo referéndum debe seguir siendo convocado por este organismo electoral…”, debo destacar que, no sólo se justifica por ser la entidad con mayor idoneidad para hacerlo, sino que es la norma constitucional la que así lo dispone (léase el artículo 118, inciso 5 de la Constitución, la cual precisa que es el Presidente de la República quien convoca a elecciones de varias autoridades pero en ninguna parte señala que puede convocar a consultas populares, como lo es el referéndum).

Este dispositivo de la Carta Política, así como el artículo 80 de la Ley 26859 (Ley Orgánica de Elecciones) así lo tienen establecido; razón por lo cual, en su momento, se llamó la atención de que el máximo ente electoral no evitó que se produzca una infracción constitucional, cuando permitió que el expresidente Vizcarra convocara a referéndum, para confirmar varias reformas constitucionales. No estando facultado para ello, ni tampoco para solicitarlo.

Destaco, “ni tampoco para solicitarlo”, por cuanto, se debe tener presente que el referéndum es un derecho ciudadano; no es un derecho del Presidente de la República el solicitarlo, ni tampoco del Congreso. Razón por lo cual es un derecho que está regulado para solicitarlo, por la misma Ley 26300, la cual establece que tienen que pedirlo una cantidad de ciudadanos que constituyan ser por los menos el 10 por ciento del electorado nacional (ver los artículos 37 y 38 de la Ley 26300).

En consecuencia, frente a la eventualidad que se apruebe una reforma constitucional con la mayoría absoluta de votos del número legal de congresistas y con menos de 88 votos; por si acaso, el referéndum no es una consulta que, automáticamente, se debe de convocar (ojo: JNE), sino que, de acuerdo con lo antes indicado, tiene que solicitarlo la ciudadanía de acuerdo con el procedimiento en mención.

La realidad normativa nos dice que, por lo tanto, de aprobarse una modificación constitucional que exija ser sometida a referéndum para ser ratificada, si nadie promueve la consulta (con la respectiva recolección de firmas), ya no hay reforma constitucional.

Así que, ya estamos advertidos. Pongamos las cosas en su sitio, y actuemos junto con los legisladores con ponderación, y siempre dentro de la ley y la Constitución que, reitero, no necesitan ninguna modificación.

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