El anunciado ‘impeachment’ contra el ex presidente Trump se hizo realidad cuando la Cámara de Representantes lo notificó oficialmente al Senado. Esta acción acusatoria está prevista en la Constitución norteamericana contra el Presidente, el vicepresidente y “todos los funcionarios civiles” del Poder Ejecutivo por los delitos de traición, soborno y otros graves crímenes. La consecuencia del ‘impeachment’ es la inmediata destitución del funcionario condenado y adicionalmente su descalificación para el ejercicio de cualquier otro cargo público. Además la persona condenada puede ser acusada por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Cuando los líderes del Partido Demócrata en el Congreso tomaron la decisión de acusar a Trump, estaban perfectamente conscientes que el objetivo de esa acción no era privarlo de la presidencia, porque ya no la ejercía, sino impedir que regrese a la política. En términos prácticos que no sea candidato republicano en las elecciones del 2024. Pero muchos juristas se preguntaron si resultaba lícito acusarlo en un juicio carente de objeto, con el solo propósito de impedir su retorno.

La Constitución norteamericana solo ha previsto el ‘impeachment’ cuando la persona está en funciones, no después. En mi criterio esta situación, producto de la pasión partidaria pero no de un correcto razonamiento ético jurídico, desnaturaliza la interpretación de la Carta Magna norteamericana. Los medios en general se han mostrado favorables al ‘impeachment’, porque detestan a Trump. Pero la televisión ha dado poco o ningún espacio a quienes tienen un punto de vista menos apasionado, ignorando además a los millones de partidarios de Trump, que piensan –equivocadamente a mi juicio – que le robaron la elección.

Pero el ‘impeachment’ a Trump tiene otros defectos que podrían llevar a futuros cuestionamientos. El juicio en el Senado no será presidido por el principal juez de la Corte Suprema, quien declinó hacerlo, sino por su presidente pro Témpore, veterano senador demócrata quizás susceptible de ser presionado en la conducción del juicio. De otro lado distrae al Senado de sus demás tareas legislativas, ya que durante la tramitación del juicio, tomando en cuenta el precedente de la primera acusación a Trump, la atención de sus miembros estará totalmente dedicada al proceso. En momentos que Estados Unidos está abrumado por la pandemia que ya ha generado más de 400,000 muertes, eso constituye una pésima señal a la opinión pública. El presidente Biden acaba de iniciar su mandato y su partido se enreda en una distracción distinta de los objetivos fundamentales de su gobierno. Si ya derrotó a Trump, ¿para qué seguir dando vueltas al tema?