Por José Linares Gallo

Como sabemos, nuestro país ha cambiado en reiteradas ocasiones su constitución política, producto de golpes de Estado. Históricamente, las nuevas constituciones muestran una marcada tendencia por eliminar al Senado y debilitar, al máximo, los sistemas de planificación, lo cual ha facilitado invertir en proyectos sin estudios, priorización ni planificación de un organismo ad hoc. De esa manera, se han efectuado grandes inversiones en obras improductivas.

La planificación es una herramienta fundamental para impedir la corrupción a través de inversiones sin sustento técnico ni económico, así lo ha demostrado nuestra historia republicana; a excepción de los ferrocarriles que, a solo 30 años de la independencia (1851), fueron priorizados; lamentablemente, esto solo duró hasta el año 1930.
La actual constitución se mantiene sin establecer un Senado, a pesar de que es y ha sido un tema de permanente debate en las últimas cinco elecciones. Lo mismo sucede con la planificación, que es satanizada como si fuera sinónimo de estatización.

Esto ha permitido transformar al Ministerio de Economía en un súper ministerio, que concentra un enorme poder para decidir la prioridad del gasto público. Sin embargo, casi nunca encontramos a los ministros de Economía como investigados en los procesos judiciales referidos a la corrupción, pues es normal que salgan del país, de inmediato, a cumplir funciones internacionales.
El proceso de elección del Senado, al ser similar al de la Presidencia de la República, es decir, por elección nacional, requiere no solo del liderazgo local, sino que necesita de candidatos con reconocimiento nacional.

Cuando existe un Senado, determinados cargos de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales, así como los embajadores del servicio diplomático, los directores del BCRP, y otras instituciones claves para el ejercicio de la función pública, necesitan ser ratificados o electos por su pleno.

Con esta pequeña introducción, recuerdo que, entre los años 1989 y 1990, el pleno del Senado formó una comisión investigadora del Dólar MUC, que tuve el honor de presidir.
Esta comisión aprobó acusar ante el Poder Judicial a cinco ministros del gobierno aprista, me refiero a los ministros de Economía, Educación, Transporte, Agricultura e Industria. Debido a que algunos empresarios adquirieron dólares MUC subsidiados, generando sobreutilidades, al no trasladar dicho beneficio al precio final.

Esta acusación, que tenía un costo político y un costo empresarial, se aprobó sin resistencia, ni del presidente Alan García, ni de ninguno de mis colegas senadores de ese entonces. Recordaré a algunos de ellos de diferentes bancadas: Polar Ugarteche, Osterling, Chirino Soto, Jorge del Prado, Bernales, Sandro Mariátegui, Ulloa, Silva Ruete, Luis Alberto Sánchez, Valle Riestra, entre otros destacados personajes.