Toda sociedad está compuesta por grupos sociales cuyas necesidades y tendencias están en permanente contradicción con las de otros; así, la democracia viene a garantizar la convivencia pacífica porque permite que esos intereses legítimos encuentren representación mediante la política, siendo debatidos y votados en los órganos de decisión. Cuando los representantes no pueden tentar la reelección por la eficiencia de su gestión, se quiebra la lógica de la actividad política, impulsando a sus actores a la búsqueda de notoriedad para encontrar nuevos destinos en gobiernos regionales o municipales; o procurarse, ilícitamente, beneficios inmediatos.

Solo así podemos explicar la decisión de permitir el retorno de los docentes que no superaron reiteradamente las evaluaciones obligatorias de la Reforma Magisterial iniciada por José Antonio Chang. En 2012 el TC afirmó: “La educación pública (…) es un inmejorable instrumento para la Justicia Social, concretando el principio de Igualdad de Oportunidades. Corresponde al Estado privilegiar sus recursos para brindar a los hijos de los niveles menos favorecidos en la sociedad educación de calidad, permitiéndoles la posibilidad de labrarse un futuro distinto al de sus padres, la consolidación de sus proyectos de vida en un contexto de creatividad, competencia y responsabilidad social (…) el establecimiento de criterios objetivos como los meritocráticos para el ingreso y la permanencia en la actividad docente coadyuva de manera directa y decidida a la consecución de la idoneidad del profesorado, así como contribuye de manera importante en la mejora de la calidad educativa”.

Posteriormente, ya con los actuales magistrados, el TC volvió a resolver expedientes acumulados en el Caso Ley de Reforma Magisterial 3, en octubre de 2014, afirmando: “ (…) la forma como el artículo 23 de la Ley 29944 incide en la estabilidad laboral no resulta injustificada e irrazonable, puesto que, lejos de separar abruptamente de las aulas al profesor que obtiene una calificación deficiente en el proceso de evaluación, prevé mecanismos orientados a que este preserve su puesto de trabajo y mejore su desempeño docente, optimizando así la vigencia de distintos principios y derechos constitucionales comprometidos, sin sacrificar o vaciar de contenido a ninguno de ellos”.

Se presume que el Ejecutivo observará la reciente ley, la que una vez ratificada por el Congreso y publicada, será objeto de una demanda de inconstitucionalidad, la que deberá ser resuelta por el TC recordando que el sistema educativo tiene por finalidad primordial la formación del escolar, no el asegurar puestos de trabajo para docentes probadamente ineficientes.