El telefonito es una necesidad

El telefonito es una necesidad

Un fiscal ha ordenado al periodista Gustavo Gorriti entregar su teléfono celular. Lo mismo ha hecho con los fiscales del caso Lava Jato Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. El pedido no es gratuito. Se investiga si el periodista conspiró con los fiscales el direccionamiento de investigaciones contra algunos personajes políticos en desmedro de otros. La noticia criminal corresponde al testimonio del ex asesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides quien asegura que Gorriti y el IDL-Reporteros “dirigía” las investigaciones fiscales. Gorriti ha entregado el número de su celular pero no su teléfono, alegando el derecho de protección de sus fuentes. Vela y Pérez se niegan en redondo. Gorriti y sus adláteres han acudido al argumento de la confusión. Lo que busca el fiscal que le ha pedido la entrega del celular es establecer si hubo coordinaciones fuera del ámbito periodístico para que se constituyera un contubernio en contra de algunos investigados por alguien fuera de las atribuciones del Ministerio Público con funcionarios de la ley como son Barba y Pérez. No le están pidiendo las fuentes, sino indagando si su conducta constituye un delito.

El caso de Gorriti es muy diferente al caso de la periodista Catherine Herridge, a quien un juez le ordenó la entrega de sus fuentes, y ante su negativa por defender su inviolabilidad, la condenó a pagar 800 dólares diarios hasta que lo hiciera. Herridge no estaba siendo investigada por ningún delito supuesto como sí se indaga con Gorriti. Los periodistas no están por encima de la ley. Si así fuera, serían monarcas absolutos y el cuarto poder no tiene corona. Así, la plétora de comunicados nacionales e internacionales defendiendo el secreto de las fuentes es correcto pero no aplicable a este caso donde el secreto de las fuentes no está en escrutinio. Menos razones tienen para ponerse en rebeldía Vela y Pérez a quienes también se les ha pedido la entrega de sus celulares. Ellos no pueden alegar inviolabilidad de fuentes ni del secreto profesional. No existe motivo legal alguno para que estos dos funcionarios de la ley no hagan entrega de sus celulares. La rebeldía de estos tres y direccionar con engañifas a la comunidad periodística nacional en internacional para que crea que se está cometiendo un atropello contra el derecho a no revelar fuentes sólo deja un halo de sombra de que sí ha existido un contubernio entre el periodista y los fiscales que no quieren que sea descubierto.

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