El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral no es, ni tampoco ejerce las mismas funciones, del Jurado Nacional de Elecciones; pues, si así lo fuera, estaría invadiendo competencias que únicamente le corresponden al máximo ente electoral, las cuales están establecidas en la Constitución y en la Leyes Orgánicas correspondientes.
Fue en el año 2005 que los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones de ese entonces promovieron la creación del Pacto Ético Electoral que, suscrito por los representantes de los partidos políticos intervinientes en el proceso electoral del 2006, se orientaba a asegurar que la campaña electoral se desarrolle dentro determinadas características que implique que la conducta y comportamiento de los candidatos, adherentes y simpatizantes no afecte el honor, la dignidad y la imagen de las personas participantes en dichos comicios.
Igualmente, y con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en base a dicho Pacto y a fin de garantizar el respeto a su cumplimiento, igualmente, se constituyó el Tribunal de Honor que, integrado por un colegiado de cinco personas, quienes no cobran ningún tipo de remuneración, actuaría vigilante del comportamiento de los actores políticos, recomendando, exhortando y requiriendo a quienes no ajusten su conducta a los cánones previstos en el mismo.
Han pasado ya 15 años desde su creación y, en el camino, los Pactos Éticos Electorales y los Tribunales de Honor que se han constituido en cada proceso electoral o consulta popular, en consideración a que la conformación de este último requiere el consentimiento de las organizaciones políticas, han sido orientadores del proceder de los candidatos, militantes y simpatizantes de los partidos políticos en las campañas electorales.
En los primeros años, desde su creación, es cierto que el referido Pacto y la actuación del Tribunal de Honor produjo mucho escepticismo e incertidumbre, como consecuencia de no poder imponer sanciones a quienes incumplieran lo pactado pero, lo cierto es que el paso del tiempo y la experiencia adquirida ha dado lugar a que, como sucede en las actuales elecciones generales del próximo 16 de abril, se haya logrado que casi todas las agrupaciones políticas participantes hayan suscrito este último Pacto Ético Electoral.
En ese sentido, en los dos primeros meses de funciones, el actual Tribunal de Honor, como es de conocimiento público, por haberse difundido a través de los diversos medios de comunicación, y en atención a los reclamos o denuncias presentadas, ha dictado exhortaciones, recomendaciones y requerimientos por incumplimiento de los compromisos pactados, así como también, en algunas oportunidades, dispuso dar cuenta al Jurado Nacional de Elecciones, cuando se trató de casos que implicaban violación a las normas electorales.
El que la conducta de algunos actores políticos no necesariamente se ajuste a las disposiciones contenidas en el Pacto Ético Electoral no significa la ineficacia del mismo; pues, su sola existencia ya es una evidente y eficaz fuente de inspiración para motivar a quienes participen en una campaña electoral a fin de que su comportamiento se enmarque a ciertos parámetros elementales, donde el respeto mutuo es el principio fundamental, para lograr que el proceso electoral sea limpio, transparente y respetuoso.
Eso es lo que espera la población peruana, en su doble condición de ser sujeto pasivo y activo del proceso electoral.

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