El 21 de enero, diecisiete candidatos presidenciales firmaron el Pacto Ético Electoral, comprometiéndose a “descartar cualquier tipo de violencia, agresión, acoso, insultos y ataques personales”, para crear “un clima transparente y pacífico” con miras a los comicios del 11 de abril.

Es decir, dieron su palabra de hacer lo que, en su mayoría, no están haciendo en la campaña, como acreditan los medios de comunicación, algunos de los cuales también participan en este aquelarre político, brindando generosos titulares a los infractores y alentando así la confrontación.

El pacto igualmente obliga a los candidatos a “asumir un uso responsable de las redes sociales” para evitar “la propagación de información falsa e insultos”, lo que, precisamente, ahora abunda en las redes, convertidas en siniestras plataformas donde tuiteros anónimos hacen del agravio una práctica rutinaria.

Cuando se suscribió el acuerdo, el presidente Sagasti sostuvo que el mismo “no solo debe ser un gesto o papel firmado, sino que sus compromisos y principios deben incorporarse a la forma de hacer política de las organizaciones”.

Tras el mensaje del mandatario estallaron las palmas de los jefes del Jurado Nacional de Elecciones, ONPE, Reniec, Contraloría, representantes de partidos políticos, organismos internacionales, sociedad civil y del flamante tribunal de honor, presidido por la doctora Delia Revoredo, a cargo de supervisar que los candidatos y organizaciones cumplan los acuerdos adoptados.

Sin embargo, del 19 de enero a la fecha han transcurrido dos meses y ocho días de suscrito el pacto y el documento ha sido incorporado a la galería de papeles mojados en tinta, a la biblioteca de acuerdos incumplidos o burlados, inservibles, que representan una farsa o engaño para una población desconcertada por una avalancha de mentiras en medio de una infernal pandemia.

En ese contexto, ¿por qué el jefe de Estado no levanta su voz exigiendo que los candidatos honren sus compromisos? ¿Por qué el presidente del Jurado Nacional de Elecciones mantiene silencio ante las sistemáticas violaciones de un convenio cívico promovido por su institución? ¿Por qué, en suma, el tribunal de honor permite esas trapacerías y no denuncia, como era y es su deber hacerlo, a quienes vulneran los compromisos? ¿No sería oportuno que reaccionen a escasos quince días de los comicios y a dos meses de la segunda vuelta? Si mantienen el mutismo y la inacción, mejor es que el tribunal se autodisuelva. Por lo pronto, uno de sus miembros más distinguidos, el jurista Oswaldo Hundskopf, ya se retiró. ¿Lo harán los demás integrantes o seguirán con los brazos cruzados ?

Lo que sucede con el zarandeado Pacto hace recordar la inoperancia del Acuerdo Nacional, institución que resurge de cuando en cuando, como una mágica puerta que se abre para unir y concertar a los peruanos en momentos de crisis, sin lograrlo, para luego retornar a su catafalco político.

Sobrevivimos tiempos duros, de muerte y angustia, para seguir burlados en un tema deontológico, que, por ende, demanda que quienes aspiran a la presidencia o al Congreso presenten propuestas, programas, ideas, objetivos que no se alcanzan con la violencia verbal.