Han pasado pocos meses del momento crítico que para miles de ciudadanos recluidos en diversos centros penitenciarios de nuestro país significó superar el inminente riesgo de contagio por causa de la actual pandemia. Este corto periodo sirvió para que algunas de nuestras autoridades prestaran atención a una realidad precaria a la que usualmente le han dado la espalda. Así, tanto el Ministerio de Justicia como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional asumieron posturas mediante las cuales abogaron por el reconocimiento de esa realidad y por mejorar las condiciones indignas no solo de los sentenciados, sino también de aquellas personas que esperan sus respectivas sentencias privadas de su libertad.

El impacto de la pandemia sobre quienes cumplen prisión preventiva y condenas efectivas debió haber sido alto si se le suman las medidas dictadas para la conversión de las penas, los indultos y las revisiones de oficio y colectivas de medidas de prisión preventiva, así como también la declaración de un estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento penitenciario. El abuso de la privación de la libertad en el proceso o una vez expedida la condena debe haberse revertido o por lo menos limitado dadas las alternativas existentes y las importantes reflexiones realizadas por los diversos órganos comprometidos en la protección y defensa de los derechos fundamentales.

Sin embargo, a pocas semanas de terminar el año 2020 apareció en los medios de comunicación locales una noticia anecdótica y preocupante: la construcción de un túnel en el penal Castro Castro por el que presuntamente iban a escapar narcotraficantes extranjeros. Otro intento de fuga que demostró, una vez más, esa falta de control y de seguridad que lejos de atribuirse a la negligencia del personal a cargo tiene como un factor permanente el exceso de población penitenciaria y una infraestructura que, como consecuencia, resulta insuficiente. A ello debe sumarse que el impacto de la pandemia no sería el esperado, si todavía en algunos penales residen mujeres gestantes o con niños pequeños, además de adultos mayores y personas discapacitadas o con enfermedades graves. Pues, tal vez lo que se espera que estas personas mueran en prisión, lo que carece absolutamente de sentido común y, sobre todo, de humanidad. Al parecer, el derecho penal y penitenciario se ha convertido en un instrumento de venganza más que de justicia.

También nos sorprende el grado de peligrosidad y osadía de quienes intentaron consumar esa fuga. Igualmente, nos sirve para plantear una reflexión: ¿En qué condiciones se encuentra los centros penitenciarios en este momento y cuán efectivas son las medidas dictadas? Quizá sea el momento de ser osados también en las reformas: incorporar medidas de cautela consensuadas en el marco de una justicia penal negociada que permita que los casos graves y extremos sean los únicos sobre los que podrían dictarse medidas de privación de la libertad efectiva, así como también la revisión periódica de oficio de la situación de los condenados, pero con jueces conocedores de la realidad, especializados e instalados en cada centro de reclusión.