La imprudencia con la que se maneja Pedro Castillo es comparable con la falta de propuestas concretas de su plan de gobierno. En pleno calor electoral, presenta de manera enredada una reforma del sistema de pensiones. Así, y sin misericordia, el candidato presidencial de Perú Libre, nos da una muestra sobre cómo tratará temas estructurales y sumamente sensibles para los peruanos. Su falta de claridad genera pánico en la población y obliga a salir a los traductores de turno.
Es una realidad que el sistema de pensiones requiere urgentemente un cambio, que en teoría ambos candidatos presidenciales ya han debido evaluar. Por ello no se entiende la improvisación tanto del fondo como de la forma del mensaje enviado. Castillo claramente sabía el impacto que tendría una declaración de dicha magnitud.
A ello hay que sumarle el momento de las declaraciones. Esta semana se inicia el retiro de fondos de las AFP impulsado por el Congreso de la República. En esta ocasión los afiliados podrán disponer de hasta 4 unidades impositivas tributarias. Este retiro equivalente a S/ 17,600 no beneficia a quienes apliquen al Régimen Especial de Jubilación Anticipada.
Además, las personas con más de 40 años podrán retirar el 100% de sus fondos de AFP si no han aportado por cinco años. Es aquí dónde se podrá ver qué tanto ha fallado el sistema pensionario, puesto que representan el grupo poblacional que empezó a trabajar a la par que las AFP aparecieron en el mercado.
Las declaraciones de Castillo ponen gasolina y fósforo justo en este contexto. Si un afiliado se hallaba en la duda sobre si una reforma pensionaria tendría éxito; es claro que hoy tendrá nuevas interrogantes sobre cuál sería el futuro de su dinero en un eventual gobierno de Perú Libre.
Este tema no merece ser comentado al paso ni de manera descuidada. En el 2019, un año previo al COVID-19 y cuando éramos un motor económico latinoamericano, la Cámara de Comercio de Lima informó que la pensión máxima en el sistema previsional público era de S/857 y la mínima de S/415. Para lograrlo se exigía el aporte mínimo de 20 años además de haber cumplido 65 años. En el sistema privado, señalaba la CCL, la pensión promedio de jubilación era de S/1,037. Ello se debía a que, pese al alto número de aportantes, los trabajadores que cotizan representan una cifra menor.
Por todo ello plantear ligeramente la sombra de una confiscación de los fondos de las pensiones, puede representar el último clavo en el ataúd del sistema. Los cotizantes que pueden evaluar si dar su dinero o no, pensarán dos veces más en hacerlo. Aquellos que tienen la alternativa de retirar fondos, podrían reaccionar más visceralmente y ante la incertidumbre proteger el dinero que pueden. Irresponsablemente Castillo estaría provocando la debacle final del sistema pensionario, y todo ello por no pensar bien antes de hablar.

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