Cuando el 2002 ejercía el cargo de legislador representante de la región Ica, solicité una reunión de urgencia con el ministro de Salud, doctor Fernando Carbone, para exponerle la catastrófica situación de los centros de salud del departamento que se encontraban con una infraestructura colapsada, desprovistos de equipos, ambulancias, medicinas, personal y con un presupuesto drásticamente reducido.

El extremo de esas precariedades se reflejaba en que los nacidos prematuramente o con complicaciones pulmonares morían porque los hospitales no tenían ventiladores mecánicos para auxiliarlos, cuyo costo era de cuatro mil dólares americanos la unidad. El ministro fue claro en reconocer que estas precariedades se extendían a todo el país y, por ello, gestionaba un presupuesto complementario que, al parecer, no consiguió.

Para presionar por más recursos, en marzo de 2003 logré que el Congreso aprobara una moción de orden del día declarando en emergencia los hospitales Santa María del Socorro y el Regional, semidestruidos a raíz de movimientos sísmicos y por las catastróficas inundaciones provocadas por el desborde del río Ica en 1998.

Más aún, ante la pasividad o negligencia de las autoridades, activamos una denuncia penal contra el Estado (Nº 299-203). Una inspección ocular del juzgado confirmó que las tuberías conductoras de aguas servidas –desagüe– se encontraban rotas en diversos tramos y contaminaba ambientes de la cocina donde se preparan alimentos; que la cámara frigorífica de la unidad de patología estaba malograda; que dos de los tres calderos no funcionaban; que no había mamógrafos; y solo funcionaba una de cinco ambulancias, todas de 35 años de antigüedad; entre otras carencias.

El hospital Santa María del Socorro también colapsó: 75 % de la infraestructura había sido destruida (en su remplazo se levantaron cinco consultorios externos hechos de triplay con pisos de tierra y otros diez de madera), 65 % de equipos médicos se encontraba inoperativo y el número de camas reducido a la mitad.

El terremoto del 2007 puso en marcha una dinámica acción del Estado para construir y equipar centros de salud en todo el país, encomiable trabajo liderado por el presidente Alan García. En Ica, por ejemplo, se invirtieron 450 millones en seis modernos nosocomios, dotados de instrumental de tecnología de punta y en el Perú se hicieron 47 hospitales, entre ellos el Instituto del Corazón y el nuevo Hospital del Niño. Como bien señaló en su momento la presidenta de EsSalud, señora Fiorella Molinelli, a partir del 2011 no se hizo ninguna obra más.

Esta parálisis estatal ha sido muy grave y hemos sufrido su devastador impacto con la pandemia. En este contexto, no olvidemos que, en lugar de trabajar con responsabilidad, Vizcarra engañó cruelmente al país anunciando que el 2019 construirían ochenta nosocomios y mil colegios. No hizo uno solo, como tampoco compró vacunas, camas UCI ni plantas de oxígeno, propiciando con ello una verdadera tragedia nacional expresada en el elevado número de muertos e infectados por el virus.

La pandemia, sin duda, ha puesto al descubierto las deficiencias y limitaciones de nuestro sistema de salud, pero también el alto costo que pagamos no solo por corruptelas dijo también por ineptitud de los burócratas.
Afrontar estos problemas debe ser la mayor responsabilidad de quienes nos gobiernen a partir del 28 de julio.