En defensa de la soberanía nacional
En defensa de la soberanía nacional
El principal problema del Perú no es político ni ideológico, sino la seguridad y defensa nacional. Por tanto estamos obligados a tomar decisiones de gobierno que defiendan nuestra soberanía e independencia nacional.
La soberanía nace de la voluntad del pueblo y la forma de organización estatal es su consecuencia. La Constitución histórica de la República y la Carta de 1993 establecieron la separación de tres poderes autónomos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y la democracia consiste en el equilibrio entre éstos, asignándoles contrapesos y equilibrio.
Al Congreso –en tanto primer poder– le corresponde no solo legislar, sino también fiscalizar. Por eso el artículo 157 de la Constitución prescribe indubitablemente que “Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros”. A raíz de la reformas impuestas por el golpe de estado de Vizcarra el CNM fue reemplazado por la Junta Nacional de Justicia, pero la potestad revisora y destitutiva del Parlamento se mantiene intacta.
Por eso es absolutamente constitucional y respetable que por mayoría amplia se haya constituido una comisión investigadora, que debe informar de manera sumaria sobre la inconducta de tres miembros de la JNJ, quienes hicieron llamadas a la Corte Suprema y sacaron un comunicado para favorecer a la ex fiscal de la Nación (hoy suspendida) Zoraida Ávalos, acusada de faltas, delitos y prevaricato al punto de haberse negado a investigar a Pedro Castillo durante su breve y desgraciado gobierno.
La pataleta que hoy protagonizan los caviares no tiene otro sentido más que pretender mantener su control sobre la propia JNJ; pero eso no pasaría más allá de una estupidez política si no hubiese intervenido –con comunicado oficial de por medio– el oficial residente de Naciones Unidas, un chileno que está impedido de injerir en asuntos soberanos del Perú.
Y es en el repudio de ese sujeto, de lo que representa, así como proporcionalmente de la CIDH, donde radica la urgencia de reaccionar con energía. Boluarte y el Congreso mismo tienen la obligación de ser enfáticos: el Perú es libre, soberano y no una colonia de la progresía mundial que pretende comportarse como gobierno supranacional. Lo que ocurra con la JNJ es asunto de y para peruanos, los embajadores extranjeros, la ONG y cualquier organismo ajeno simplemente no tienen ni siquiera derecho de opinión.
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