La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José que fuera suscrita el 22 de noviembre de 1969, como hoy, en la ciudad de San José, Costa Rica, y que entró en vigencia 9 años después, el 18 de julio de 1978, debe ser denunciada por el Perú. Nos tiene atados de pies y manos al impedirnos aplicar la pena de muerte para el caso de los violadores de menores de edad que fallecen como consecuencia del ultraje y para el caso de terrorismo que incluso ya está previsto en la Constitución de 1993. La Convención es un tratado dado en el marco constitutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Perú es parte desde 1979 en que lo ratificó. Para quienes asumen erradamente a la CADH como un tratado imprescindible, o si prefiere de vida o muerte, será bueno recordar que no todos los Estado partes de la OEA lo son del Pacto, como es el caso de Estados Unidos de América.

Desligarse del Pacto por la denuncia (Art.78) -al año de formalizada la decisión soberana del Estado-, supone hacerlo automáticamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal o instancia supranacional de la OEA, pero no de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Son los dos brazos constitutivos del denominado Sistema Interamericano de Derechos Humanos penosamente dominados por el sesgo caviar y progresista de América Latina que detesta la soberanía de los Estados– pues la Comisión no depende del Pacto sino de la propia OEA, que es distinto. Han denunciado el Pacto, en 1998 Trinidad y Tobago, y en 2012, Venezuela. Para formalizar la denuncia o salida del Pacto hay que decidirlo políticamente y eso depende del Poder Ejecutivo dado que la política exterior es una prerrogativa del jefe del Estado conforme la Carta Magna de 1993.

El Perú por hacerlo jamás será sancionado como maliciosamente se dice por lo que no deberían dejarse sorprender; y algo más, para no quedarnos sin supranacionalidad, con la seriedad jurídica que corresponde –es lo que nos diferencia de los radicales, empíricos y alineados–, vuelvo a proponer que los países de la Subregión Andina pudieran consensuar la creación del Tribunal Andino de Derechos Humanos en el marco del actual Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Voluntad política es lo que falta y carácter para decidirlo.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.