En el día mundial para prevenir la violencia sexual contra los niños, decidamos la pena de muerte

En el día mundial para prevenir la violencia sexual contra los niños, decidamos la pena de muerte

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por la Resolución A/RES/77/8, proclama cada 18 de noviembre, como hoy, “Día Mundial para la Prevención de la Explotación, el Abuso y la Violencia Sexuales contra los Niños y la Sanación de sus Efectos”. Pero seamos claros, mirando la imparable ola de violaciones contra menores en nuestro país, lo que corresponde es que nuestras autoridades políticas se pongan bien los pantalones y decidan la denuncia del Pacto de San José de Costa Rica, que impide la aplicación de la pena de muerte, y en consecuencia, una vez completamente desligados de este instrumento jurídico panamericano, procedamos en el país a la aplicación de esta pena a los violadores de menores de edad que fallecen como consecuencia del ultraje. Solamente en lo que va de este año, vimos como una infante de 11 meses de edad, cuyo padre de 18 confesó haberla ultrajado y muriera por un fuerte golpe en la cabeza, o en marzo de este año, en que hubo un intento de violación sexual contra una niña de 11 años en un caserío en Ucayali, cuyo atacante incrustó dos clavos en su cabeza, o el de otra niña de 3, secuestrada, torturada y violada en Chiclayo en 2020 y finalmente, el de otra infante, también de 3 años, hallada muerta en Inambari, Madre de Dios, con signos de ultraje, en 2021. Se trata de una desgraciada recurrencia que NADIE resuelve en el país porque falta carácter. Es verdad que hoy es un día para relievar la prevención, pero creo que la mejor prevención es la pena de muerte para quienes no merecen seguir en este mundo por el irreparable daño causado a seres completamente indefensos. El tipo penal que vengo sustentando supone la pena de muerte únicamente para los violadores de menores que fallecen como consecuencia del execrable acto, de lo contrario la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Constitución Política de 1993 seguirán siendo letra muerta para los 7 millones de niños del Perú.

Es un completo despropósito de que, ante su notoria vulnerabilidad e indefensión, el Estado peruano que está obligado a garantizar que su integridad personal –física y psíquica– no sea violentada, siga de brazos cruzados, por el profundo temor a tomar la decisión de denunciar la referida Convención Americana de Derechos Humanos que -repito- nos impide aplicar la mencionada pena. Una completa tragedia que nuestro país cuente con gobernantes a los que les tiembla todo el cuerpo sin pensar en los intereses nacionales. Si el Gobierno no lo hace, entonces, el Congreso de la República debe tomar el toro por las astas y concretarlo. Si seguimos actuando con escandalosa indiferencia ante este gravísimo problema, vamos a dar paso a una etapa de ira nacional incontenible y explosiva, que junto a otros hartazgos recientes, podría ahondar nuestra fractura histórica, plato servido para los anarquistas de hoy. ¡Cuidado con eso!

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