¿En qué puede ayudar el Estado?

¿En qué puede ayudar el Estado?

En los últimos 50 años se han producido más de 130 derrames graves de hidrocarburos desde barcos y plataformas de extracción, que han provocado alteraciones en los ecosistemas marinos y costeros, los cuales tardan décadas en recuperarse. Nos hemos estremecido ante casos como la Marea Negra en el Golfo Pérsico, que significó 1 millón 800 mil barriles; el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon que derramó 750 mil toneladas de crudo en el Golfo de México; la explosión del pozo mexicano Ixtoc con una fuga de 530 mil toneladas; el choque del Exxon Valdez y la hecatombe ecológica que significó el Prestige en la costa gallega. Todos nos grafican la descomunal amenaza del petróleo en los océanos.

En el Perú no somos ajenos a estos peligros. Los pescadores artesanales del norte han padecido en carne propia algunos episodios de dichos siniestros, que aunque no de magnitud catastrófica, hasta ahora, se constituyen en una especie de arma que les apunta en la cabeza, ya que ponen en riesgo sus enormes esfuerzos para tener capturas y maricultura sostenibles. Hay miles de plataformas petrolíferas inactivas y abandonadas que incumplen un adecuado plan de cierre, sin que las autoridades realicen ningún monitoreo. Por supuesto, nadie olvida que el 15 de enero pasado, la Refinería La Pampilla protagonizó lo que una Comisión Investigadora del Congreso denominó el “Peor desastre ecológico en las costas peruanas” y “Crimen contra la humanidad”, a la vez que concluyó sentenciando que “Las instituciones públicas del Estado peruano, demostraron en la emergencia, una total carencia de capacidad de respuesta frente a la emergencia del derrame de crudo”. También se anuncian nuevas operaciones, como las de la empresa Anadarko, que podría producir 200 mil barriles diarios en el litoral peruano, sin conocer cómo protegerán la naturaleza.

Con estos antecedentes, los pescadores piuranos se encuentran indignados al enterarse de un nuevo contrato, sin participación ciudadana, por el que Petroperú (que seguirá quebrado, subsistiendo con plata de los peruanos) podrá operar el lote Z-69 en el zócalo marino de Talara, Paita y Sechura. Se trata de un área plagada de decenas de plataformas obsoletas que se constituyen como una funesta y deplorable amenaza contra el esfuerzo productivo al que han llegado los hombres de mar en pesca y maricultura, solos contra el mundo. Probablemente, los entes competentes como MINAM, PRODUCE, OEFA, OSINERGMIN, etc., todavía no se enteran del enorme riesgo para el medio ambiente que esta aventura empresarial estatal significa para nuestra costa, a pesar que cuando se trata de acosar a la actividad artesanal, se prestan para asfixiarla en un kafkiano entramado de obstáculos burocráticos.
El gran Facundo Cabral reflexionó: “Nunca esperé que mi vida me la resuelva el Estado, porque me devuelve menos de lo que me ha quitado”. Con parecida sabiduría, don Aristides Chulle Purizaca, cuajado luchador y dirigente gremial nos dice: “El pueblo de Talara, Paita y Sechura es hospitalario y trabajador, pero no va a permitir que el Estado, que jamás lo ayudó a progresar, acabe con sus riquezas y le quite el pan a sus hijos”. Señora Boluarte, la sangre de los peruanos no sobra, evite nuevos enfrentamientos y no autorice el menoscabo de las áreas de acción de nuestros aguerridos pescadores.

Me quedo con la respuesta que la madre de Facundo le dio a un presidente argentino cuando le preguntó en tono petulante “¿En qué puedo ayudarla, Sara?”. Su respuesta, concreta, afilada y terminante fue: “Con que no me joda es suficiente”.

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