Enrique Quiroga Carmona

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ACERTADA Y COHERENTE SENTENCIA DEL TC

  • Fecha Viernes 30 de Octubre del 2015
  • Fecha 12:00 am

Luego de producida la sentencia del Tribunal Constitucional , que resolvió declarar fundado el Recurso de Agravio Constitucional-RAC- interpuesto por el Ministerio Público, la primera dama Nadine Heredia ha afirmado públicamente, sentirse decepcionada de la justicia de su país. Incluso el presidente Humala ha manifestado que a partir de ahora ya no existe en el país la “cosa juzgada” y que el TC ha ejercido una “justicia atolondrada” Lo propio está haciendo en forma reiterada su abogado defensor, afirmando que la mencionada sentencia ha pasado por alto la Constitución Política, y que la misma ha sido fruto de un apresuramiento por “presiones políticas”. Sin embargo, basta apreciar la sentencia de la Sexta Sala Penal que declaró fundado el hábeas corpus, para comprobar de qué lado venía la presión política, y su grado de intensidad.

Así mismo pretende la defensa respaldar esta posición, señalando que el TC no debía haber aceptado el citado recurso -RAC-, porque este solo corresponde a quien el Poder judicial deniega en última instancia un hábeas corpus; y porque se trataba de una “cosa decidida” ya por el Ministerio Público, contra la que no cabe abrir una nueva investigación.

En cuanto a lo primero, esto no es exacto ya que existe jurisprudencia interpretativa en el TC, estableciendo lo contrario. Precisamente uno de los criterios jurisprudenciales aprobados, es que también procede el RAC a favor del demandado –en este caso el Ministerio Público–, cuando se trata de delitos pluri ofensivos como el lavado de activos, que afecta una serie de bienes constitucionales protegidos, tal como lo ha afirmado recientemente Oscar Urbiola, presidente del TC. Consideración cuyo cuestionamiento resulta absurdo, desde un correcto y adecuado discernimiento jurisdiccional.

En lo referente a que se trataba de una “cosa decidida”, y que por tanto no podía reabrirse la investigación, esta afirmación tampoco es exacta. Solo las sentencias judiciales cuando quedan firmes o ejecutoriadas, se constituyen en “cosa juzgada” -que no es el caso- e impiden la reapertura de una investigación. Las investigaciones a nivel del Ministerio Público siempre pueden ser reabiertas, cuando resulte evidente que estas han sido deficientes, y cuando existen nuevos indicios de la comisión de delito. En este caso se han producido estas dos circunstancias en forma ostensible

Era una enorme preocupación ciudadana, que algo tan importante y escandaloso, que podría implicar actos de enorme corrupción, pudieran quedar sin ser investigados, y esa intranquilidad, ha quedado superada. Es evidente pues, que el TC ha venido interpretando con acierto la norma constitucional, al considerar el criterio teleológico, es decir aquel que permite buscar “el sentido o finalidad de la norma, y descubrir con ello, la clase de bienes jurídicos que se tutela”, que es lo que siempre debe hacer un buen juez.



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