Columnista - Enrique Quiroga Carmona

AL PRESIDENTE VIZCARRA

Enrique Quiroga Carmona

8 abr. 2018 00:00 am
A+

Como Ud. conoce perfectamente, Sr. Presidente de la República, el expresidente P. P. Kuczynski autorizó la interposición de una demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra la Ley 30683 promulgada por el Congreso de la República –que reordenaba el pago de las pensiones de militares y policías–, con el argumento de que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, prohibición en la que según se señala en ese documento, se habría incurrido. Ello no obstante que la citada ley soluciona un problema de evidente inaplicabilidad del Decreto Legislativo 1133 publicado en Diciembre de 2012 durante el gobierno de Ollanta Humala, ya que este contenía en sí mismo contradicciones grotescas e insalvables, sumamente perjudiciales a la equidad entre los miembros de las FF.AA. y de la PNP.

Parecería que la resistencia del anterior gobierno a solucionar este problema –que conocía bien, porque se le explicó en forma reiterada– tuvo una connotación política que va más allá de los aspectos legales y económicos invocados, que tienen más bien la característica de evasivas para poder oponerse a la aplicación de dicha ley, ya que ninguno de ellos responde a la realidad de los hechos ni del derecho. No es admisible que con estos argumentos débiles se pretenda irresponsablemente retornar a una situación asfixiante que resulta inaceptable y peligrosa, porque afectaba aspectos que atañen también a la dignidad y disciplina, sin las cuales ninguna institución castrense puede sobrevivir.

El argumento de la “prohibición de la iniciativa de gasto de los congresistas” ha sido suficientemente aclarado incluso por quien entre otros escribe esta nota (ver artículo de EXPRESO de 11-12-17 “Un editorial sesgado e injusto”). No es posible considerar como iniciativa de gasto aquella que nace con un propósito urgente y absolutamente distinto del gasto entendido únicamente como aumento de ingresos del personal, ya que si bien en este caso particular, el mismo se produce en alguna medida, no ha sido el motivo fundamental  de la Ley 30683, tal como la han comprendido perfectamente los congresistas de la República, y en tal virtud se aprobó y promulgó esta ley.

Hay que admitir la existencia, en el mejor de los casos, de errores y dislates graves e inaceptables en el Decreto Legislativo 1133, que obviamente hacían imposible la aplicación coherente del citado dispositivo. Suponer que puede ser aceptado dentro del criterio castrense, que por ejemplo un coronel gane más que un general, va más allá del sentido común, sin embargo esos eran los casos.  Por esta razón, el pedido que militares y policías le hacen a Ud., Sr Presidente de la República, es que disponga a la mayor brevedad, el desistimiento de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 30683 que  ha formulado el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Pedido que se formula, además, teniendo en cuenta al respecto los últimos pronunciamientos extraños del TC en nada favorables a las FF.AA.

Post Relacionados

Las pensiones militares y policiales y el TC (II)

Declarar además la inconstitucionalidad de la citada ley haría que este personal vuelva a estar sujeto al texto original del Dec. Legislativo 1133, cuya aplicación siempre fue inviable, no solo por sus incongruencias insalvables, sino porque contiene una toxina de destrucción castrense inaceptable, que permite que determinado personal perciba ingresos y beneficios, superiores a otros

Las pensiones militares y policiales y el TC (I)

La demanda de inconstitucionalidad contra la ley 30683 presentada ante el Tribunal Constitucional -TC- el 30 de enero del 2018, por el Gobierno de P.P. Kuczynski en relación con las pensiones militares y policiales, tiene sin duda, un importante componente político, que nace de una extrema izquierda antagónica a las FFAA, a la que siempre

La huella del desastre

Acaba de producirse algo muy grave en el Perú, de imprevisibles consecuencias en el futuro de nuestro país, porque el Tribunal Constitucional –TC- que es el “órgano de control de la constitucionalidad”, ha interpretado la Constitución por una mayoría de cuatro votos a tres, -con predominio del grupo izquierdista-, del modo exactamente inverso a su