Enrique Quiroga Carmona

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BONIFICACIÓN QUE SUSTITUIRÍA DERECHOS PENSIONARIOS

El Gobierno ha entregado al Congreso un proyecto de ley por el que se otorgaría una “Bonificación Extraordinaria” al personal militar y policial pensionista, con el supuesto propósito de solucionar el problema de la inequidad existente, que la admite.

Ello, de acuerdo a su propio texto, alcanzaría a menos de la tercera parte de dichos pensionistas. El proyecto es pues inaceptable, pero no solo por el número reducido de personas y de montos, sino porque los ingresos que se percibirían, no formarían parte de la pensión a la que este personal tiene derecho, de acuerdo a los señalado por el DL 19846, que está vigente, tal como lo señala meridianamente el Art 2° del cuestionado Decreto Legislativo 1133.

Tampoco es aceptable esta iniciativa del Ejecutivo, porque no resuelve la inaplicabilidad del citado Decreto Legislativo, el mismo que contiene abiertas y grotescas contradicciones, que son las que han generado todo el problema de esta insostenible inequidad, que jamás va a ser solucionada con parches de mala calidad, como los que pretende aplicar el Ejecutivo en esta oportunidad.

Es inadmisible también, porque supeditaría el pago de esta bonificación, al concepto de “posibilidades económicas”, tal como se aprecia en el Art 1° del Proyecto, y en la Exposición de Motivos, que menciona reiteradas veces el concepto de “sostenibilidad financiera”.

Este último concepto está previsto en la Primera Disposición Final y Transitoria de nuestra Constitución Política, para aquellos regímenes pensionarios que han variado su ley de pensiones, con pérdida de la renovabilidad, lo que tampoco es el caso. Entonces ¿por qué lo menciona?

De otro lado, este ofrecimiento de pago de bonificaciones aleatorias es insólito y muy poco serio, pues dada su naturaleza, se podría incluso dejar sin efecto en cualquier momento mediante un Decreto Supremo -como está prevista su regulación-, y ha ocurrido anteriormente con bonificaciones militares. Creemos que se trata simplemente, de un profundo desconocimiento del problema, y de la realidad militar y policial. Parece que no se quisiera comprender las consecuencias que este irresponsable maltrato puede tener a futuro, en la seguridad del país y de los peruanos.

El Decreto Legislativo 1133 tiene muy mala entraña, y tiene que ser modificado tal como se ha previsto en la autógrafa que el Congreso envió al Ejecutivo y que este observó con argumentos inconsistentes, y con una lamentable propuesta. Este proyecto es un rechazo arbitrario a los derechos incuestionables de militares y policías y a la restitución de la equidad, y respeto al grado que son principios fundamentales en la vida militar y policial. Por ello esa autógrafa debería ser promulgada por el Congreso, conforme a su derecho de hacerlo.



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