Enrique Quiroga Carmona

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El vergonzoso y pérfido acuerdo con Odebrecht

Este desleal “Acuerdo de Colaboración”, con Odebrecht, está aún por aprobarse en el Poder Judicial, y es de desear fervientemente, que ello no ocurra. La vergonzosa cifra de 610 millones de soles, acordada para el pago de la reparación civil, como consecuencia del daño económico y moral más grande, que jamás le hizo antes una empresa al Estado Peruano, ha sido fruto de una negociación entre el fiscal J.D Pérez, el Fiscal Rafael Vela y el Procurador Jorge Ramírez, con Odebrecht. En esta se aprobó dicha suma, a propuesta del citado procurador, quien firmó el acta, junto con el Fiscal J.D Pérez. Se entiende que se ha tomado en cuenta para ello, los criterios establecidos en el DS 096-2018.EF que reglamenta la ley 30737 aprobado a este efecto.

Si consideramos que Odebrecht habría cobrado, según cálculos efectuados, más de 3,000 millones de dólares en sobrecostos, los 184 millones, 290 mil dólares, -equivalente a los 610 millones de soles acordados- , significa, que estarían obligados a pagar aproximadamente el 6.14% del total del daño que han producido al Estado Peruano por este concepto, lo que es verdaderamente obsceno y por tanto inaceptable Esto se relacionaría con algunos de los aspectos criticables de este acuerdo -que tampoco tienen ninguna justificación-, y es que permite en su estrategia, no considerar dentro del daño económico, algunos de los proyectos más importantes en que participó dolosamente Odebrecht, limitando este acuerdo solo a determinadas obras.

Es necesario y urgente, que esta exigua reparación civil acordada sea modificada, y además se explique a la ciudadanía desde el Gobierno, cual ha sido la razón de esta extraña generosidad. Y es el gobierno quien nos debe la explicación, porque este acuerdo fue autorizado por el Ministerio de Justicia y DDHH a través de su procurador Ramírez. Y además porque el propio Presidente Vizcarra, manifestó públicamente, estar de acuerdo con los términos del mismo. La ausencia de esta explicación, está permitiendo, suspicacias, entre las que sin duda, está la de haber existido en este acuerdo, un componente de orden político orientado en contra de determinados partidos políticos; lo que habría necesariamente que despejar, para evitar que se piense en una componenda terriblemente inmoral.

Pero hay algo aún mucho más grave. La ley 30737 así como su mencionado reglamento, señalan claramente que el propósito fundamental de estas normas, es el pago inmediato de la Reparación Civil. Sin embargo el Acuerdo de Colaboración establece, un pago en 15 años, y sujeto a que el Estado Peruano les conceda obras públicas, que le permitan pagar sus cuotas con sus utilidades, es decir si no se les concede estas obras, no pagarían nada. Estas condicionantes, especialmente el pago diferido, están en contra de la mencionada ley, lo que hace NULO el acuerdo. La Jueza María Álvarez, tendrá a su cargo esta histórica decisión, pero además de ello, se trata sin duda, de un tema de dignidad nacional.



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