Columnista - Enrique Quiroga Carmona

En Las Bambas la motivación es solo económica

Enrique Quiroga Carmona

11 abr. 2019 01:00 am
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Los comuneros de Fuerabamba han incurrido en actos ilícitos, en particular sus dirigentes, así como los abogados azuzadores, que han “incendiado la pradera” con sus arengas orientadas a la violencia extrema. Esta voluntad de desacato de la ley los ha llevado no solo a impedir el tránsito de los camiones que transportan los minerales, sino la entrada a la propia mina. Incluso se ha llegado a atacar con piedras al helicóptero –al que le rompieron las lunas– que iba a transportar de regreso a Lima a los altos funcionarios del Estado que habían ido a dialogar con estos comuneros, sin conseguirlo.

Pero es también un hecho cierto que ha existido una provocación indebida e inhábil contra estos comuneros, que ha motivado –aunque desproporcionadamente– su protesta, como fue la visita a esa comunidad, del entonces ministro de Transportes Ing. Martín Vizcarra, hoy Presidente de la República, quien ofreció muchas cosas, ninguna de las cuales cumplió, ni como ministro ni como Presidente, porque al parecer lo único que interesaba era levantar el paro que existía en ese momento.

Pero lo que hasta ayer parecerían reclamos motivados por razones ambientalistas, y por haber sido burlados, según sostenían, respecto de acuerdos importantes que ya se habían tomado, como el caso del “mineroducto”, así como por los ofrecimientos que se les había hecho, sin ninguna intención de cumplirlos –lo que podía explicar de alguna forma su indignación–, han quedado sin efecto. Han sido transparentadas sus verdaderas pretensiones.

Resulta que en las últimas horas el país se entera que lo que verdaderamente quieren y exigen al Gobierno estos comuneros, a cambio de la solución del problema, es el pago de 350 millones de soles, por haberse apropiado el Estado supuestamente de terrenos de su propiedad para construir una carretera nacional, así como la libertad de sus abogados. Pedido que, aunque parezca mentira, contaría con la aceptación del Gobierno. La contaminación ambiental, así como el asfaltado de esa carretera, que ayer eran las grandes motivaciones, ya han sido dejadas de lado. Es decir, el Gobierno estaría aceptando una extorsión, que nos arrodilla a todos los peruanos, frente a quienes están cometiendo un grave delito, con el apoyo y la presión de esa población.

Esto sería un precedente terrible para el Perú, de consecuencias inimaginables. El mundo desde hace muchos años proscribió el trato extorsionador de delincuentes, incluso en casos muy graves, como el terrorismo. Aquí mismo en el Perú, frente al chantaje del MRTA, que amenazaba con matar a los numerosos rehenes, secuestrados en la casa del embajador del Japón, el presidente Fujimori, para bien del Perú, y no obstante el grave riesgo de su decisión, desechó radicalmente la exigencia de soltar terroristas presos de esa agrupación, y gracias a Dios tuvo éxito. Ningún Gobierno tiene el derecho de cambiar estas reglas de juego, porque estaría hundiendo a su país.

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