Enrique Quiroga Carmona

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UN EDITORIAL SESGADO E INJUSTO

Ha causado profunda preocupación el Editorial del diario El Comercio del día 28 de noviembre último, que no solo se opone a la nueva Ley 30683 que restablece derechos fundamentales del personal de las FF.AA. y PNP, sino que introduce un elemento perturbador y de confrontación social, que no se ha apreciado ni de parte del Gobierno ni en el Congreso, donde no hubo un solo voto en contra de la aprobación de esta ley. Y es el de referirse comparativamente y a modo de crítica, a otros regímenes previsionales, sabiendo  que esto no se considera prudente hacer en ningún país, dado el reconocimiento a la naturaleza especial de esta actividad.  Esta visión sesgada solo la suelen tener –y por eso nos extraña de El Comercio–, los izquierdistas  que son enemigos de las FF.AA.

También se refiere este editorial, al argumento de la PCM Mercedes Aráoz, de que esta ley sería inconstitucional, en razón que de acuerdo con la Constitución los congresistas no tienen iniciativa de gasto, sugiriendo que se trataría de un pedido de aumento en las pensiones, que es como presumiblemente pretendería presentar el Gobierno su anunciada acción de inconstitucionalidad ante el TC. La premier Mercedes Aráoz mencionó como segundo argumento de inconstitucionalidad, que esta solución significaría un incremento desfinanciado, lo que tampoco es exacto, ya que de haber un problema fiscal, este no sería exclusivo de los sectores Defensa e Interior, sino de todo el sector público, y bajo esta óptica tendría que ser resuelto.

Pero el Gobierno, no obstante saber que este argumento es incorrecto –pues no se trata de incrementos–, ha mencionado “la iniciativa de gasto” como una fórmula aparentemente imbatible, para convencer a la ciudadanía y eventualmente al TC de su validez  Pero es inexacto, porque no se condice con su verdadera razón de ser, y porque tal como está demostrado en la práctica parlamentaria, en no pocas ocasiones se han iniciado y se han aprobado en el Congreso y luego convertidos en leyes, proyectos importantes y urgentes, que hacen mención a recursos y medidas de financiamiento necesarias para su ejecución, y no por eso se le ocurrió a nadie decir que se trataba de una iniciativa de gasto prohibida.  Tal es el caso de la Ley 29664 que crea el Sinagerd; de la Ley 26511, que reconoce como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las FF.AA. que participaron en el Cenepa; de la Ley 30615 de mejoramiento del Hospital Arzobispo Loayza, y de la Ley 30616 de mejoramiento del Hospital de Chulucanas, entre otros casos

Si bien la iniciativa de la Ley 30683 nació en el Congreso, no ha sido por ningún pedido de aumento en las pensiones, sino de solución al enorme año que se está haciendo a la Defensa Nacional al pretender que se mantenga una situación de inequidad y maltrato al personal de las FF.AA. y de la PNP, a través del desconocimiento de principios castrenses, que rigen en el mundo entero, lo  que es denigrante e insostenible.



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