Enrique Quiroga Carmona

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Una admisibilidad indebida

La demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30683 que formuló el Gobierno del expresidente PPK ante el Tribunal Constitucional –TC–, y que el actual Gobierno se ha obstinado en mantener, ha sido vista recientemente en audiencia por ese Tribunal, y ha quedado “al voto”. La posibilidad de que pueda declararse fundada dicha demanda es extremadamente preocupante, por los perjuicios que podría traer para los miembros de las FF.AA. y PNP, los que han sido señalados reiteradas veces a través de los medio de comunicación, y recientemente en el propio TC.

Pero este gobierno no solo ha continuado con esta demanda, sino que también está protegiendo un procedimiento irregular que fue iniciado por el gobierno del expresidente PPK, y que el TC tal vez no habría advertido;  lo que ha permitido declarar a esta, admisible. Me estoy refiriendo a que era absolutamente necesario acompañar como anexo a la demanda, la copia del Acta del Consejo de Ministros que aprobó la interposición de la misma  –el 27-12 2017–,  ya que de lo contrario el TC no podría conocer todos los aspectos importantes de esta aprobación, que podrían justificar plenamente o no, su admisibilidad

La copia de esta acta fue sustituida artificiosamente por una certificación del secretario del Consejo de Ministros que fue presentada como anexo a la demanda, en la que por cierto no se puede  apreciar que la citada acta no fue suscrita por los ministros de Defensa y del Interior, que eran precisamente los titulares de los sectores políticos que podían ser gravemente afectados.  Acta que, por lo demás, es absolutamente obligatorio efectuar, tal como lo dispone el Art° 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo –Ley  29158–. ¿Fue esto un descuido?

Al parecer no fue así, sino que en el Gobierno eran conscientes de que la no suscripción de dicha acta por los ministros de Defensa e Interior, principalmente obligados, significó un rechazo de estos a la aprobación de la citada demanda de inconstitucionalidad. Y habrían considerado inconveniente presentarla con esa complicación, porque suponía un impedimento para lograr su propósito. Los ministros son los responsables políticos del sector a su cargo, y, como tales, tienen la obligación de refrendar –autorizar y responsabilizarse– los actos del Presidente de la República que en este ocasión presidió el Consejo de Ministros.

Frente a un caso como este, el Presidente no puede prescindir del refrendo del ministro que corresponde, porque entonces él sería el responsable político y eso estaría en contra de los artículos 128 y  120 de la Constitución –cuando señala este último, que son nulos los actos del Presidente que carecen de refrendación ministerial–, y el Art° 25 de la Ley 29158. El Presidente de la República tiene la potestad de cambiar a los ministros y en este caso no lo hizo. Los miembros del TC que son connotados expertos en la materia tienen la oportunidad de enmendar esta situación evidentemente irregular.



ico-columnistas-1-2018

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