Columnista - Enrique Valderrama

Beneficios excepcionales para personas privadas de libertad resocializadas

Enrique Valderrama

Director de la plataforma de opinión Web Punto de Encuentro. Coordinador del Centro para la Democracia Social. Activista Político.

1 jul. 2019 02:30 am
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En el Perú la justicia se ha tornado plebiscitaria y mediática. Cuando un tema alcanza a los principales canales de TV, radios y diarios nacionales y, por tanto, a la opinión pública, será esta última la que termine presionando a los operadores de justicia a actuar en tal o cual sentido, en un 99 % de los casos clamando por condenas rápidas y rigurosas, afectando así derechos fundamentales y en no pocas ocasiones lesionando la libertad de gente inocente. Si tenemos en cuenta algunas motivaciones de ciertos sectores con influencia en el sector mediático, el contexto se torna cuando menos complejo.

La justicia no es republicana en el Perú, ya que –para todo efecto práctico– no somos iguales ante la ley. Si sumamos a este tema la absurda y cruel estandarización inconstitucional de la figura de la prisión preventiva como la regla y no como la excepción, entonces tenemos una justicia que se ha convertido en inquisitiva, que básicamente primero condena y luego investiga. Si nos ponemos a pensar, 18, 24 y 36 meses son condenas anticipadas y en muchos casos terminan en liberaciones por falta de acusación o por falta de pruebas. Esperamos que el pleno casatorio de las próximas semanas sobre la prisión preventiva delimite adecuadamente los alcances de esa figura, para evitar abusos.

En mérito a estas formas de proceder tenemos hoy alrededor de 100 mil internos en las prisiones, las cuales están más que hacinadas. De este número hay más del 50 % esperando condena e incluso acusación. Las condiciones en las que viven no son las mejores y cada día llegan más y más. Una cuestión que puede empezar a hacerse por mejorar este panorama y deshacinar los penales es aprobar la iniciativa que ha llegado al Parlamento en diciembre del año pasado construida por la Capellanía del establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, a través de la cual, de aprobarse, permitiría que aquellas personas privadas de su libertad y que cumplan determinados requisitos puedan tener la oportunidad de reinsertarse a la sociedad.

La iniciativa beneficiaría potencialmente a alrededor de 20 mil personas que ya cumplieron el tercio de su pena y que, a través de varios informes consecutivos, muestren avances en su proceso de resocialización. La iniciativa de norma se fue construyendo desde 2015 y es muy completa y pertinente. Esperemos que la Comisión de Constitución del Congreso la apruebe y luego sea ratificada por el Pleno. Esperemos que así, por fin, se empiece a hacer algo en serio para que el sistema penitenciario cumpla su rol de resocialización. Que sea el punto de partida para una verdadera reforma en este tema.

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