La buena noticia de abril es el repunte del precio internacional del cobre (US$ 9.444/tonelada) debido al auge industrial chino impulsado por “las nuevas productivas” de Xi Jinping”, cuyo insumo vital es el metal rojo para la fabricación de: autos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares y centrales de datos de inteligencia artificial, etc.
Otro factor que contribuye al alza, es que desde Quellaveco no se están ejecutando megaproyectos de cobre, y, más bien se sigue estudiando el proyecto Cascabel en Ecuador (US$ 3,200 millones) y Taca Taca en Argentina (US$ 4,000 millones), fuera de otros proyectos en Congo y Rusia. Un informe del Citi indica: “…nuestro escenario base de US$ 12,000/ton asume solo un pequeño aumento en el crecimiento de la demanda…en el transcurso de 2025 y 2026”. (El Economista 19/4/24).

Pese a ello, en el Perú, por el momento, solo contamos con ampliaciones de minas operativas: Cotabambas (US$ 1,486 millones) y Reposición Ferrobamba (US$ 1,753 millones) de Las Bambas, Mina Justa (US$ 500 millones) de Marcobre y ampliación Ilo (US$ 1,354 millones) de Southern Copper, porque siguen invernando 24 proyectos (US$ 32,847 millones de inversión) como: Michiquillay (US$ 2,500 millones), La Granja (US$ 2,400 millones), Yanacocha Sulfuros (US$ 2,500 millones), entre otras. A ellas se suman las paralizadas por la prédica antiminera: Tía María (US$ 1,400 millones) de Southern, El Galeno (US$ 3,500 millones) de Lumina y Río Blanco (US$ 2,792 millones) de Zijing Mining.

Como se conoce, Tía María está paralizada desde el 2011 por oposición de la población del Valle del Tambo (Islay, Arequipa), requiriéndose como paso previo la construcción de la represa de Paltiture (US$ 300 millones), que almacenaría 80 millones de metros cúbicos de agua proveniente de los ríos Tincopalca, Quemillone y Tolapalca con lo que se habilitaría 10,000 hectáreas del valle beneficiando a productores de páprika, olivo y otras frutas y hortalizas de gran valor agregado, por ahora con una luz roja absurda de una corte de Puno.
Por otro lado, el ministro de Economía, José Arista, baqueano con muchas lunas a cuestas, se colocó de perfil ante el séptimo retiro de las AFPs (97 votos a favor) anunciando que observarían la ley -en un ejercicio estéril- suscitando la histeria liberal “por negarse a defender el modelo”. Ahorrando capital político para la batalla de cabildeo para obtener las facultades legislativas que solicitó el gabinete Adrianzén (3/4/24).

El “modelo” aludido permite que un afiliado al sistema privado de pensiones que cumple 65 años y se jubila en el 2024, habiéndose enrolado en 1993 (creación de las AFPs) -asumiendo para el ejemplo que laboró ininterrumpidamente con un sueldo constante- reciba como pensión el 20% de su sueldo promedio, pese a haber sido afectado con descuentos mensuales (entre comisiones y seguros) que sumados equivalen a alrededor de 50 sueldos.

Peor aún, suma también al fondo de retiro, algo así como 45 sueldos del Bono de Reconocimiento (tope de S/ 60 mil) si laboró y antes de 1993, aportó cuatro años al Sistema Nacional de Pensiones. Ergo, una inversión de 95 sueldos con el cuento de recibir pensión “digna”. Solo los que alcancen a vivir 105 años de esta generación (1959), alcanzarían a recibir los 95 sueldos que aportaron.

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