Ernesto Álvarez Miranda

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Administración de Justicia ¿la oportunidad perdida?

Ya antes de Kuczynski, la inmensa mayoría de peruanos consideraba al Poder Judicial como el órgano constitucional con menor aceptación y credibilidad, no era ninguna novedad que una parte de sus integrantes era susceptible a la corrupción y a la obsecuencia. Ya en las crónicas de la ‘Patria Nueva’ de Leguía, se tenía al PJ como un poder del Estado nítidamente controlado por Palacio de Gobierno. Luis Alberto Sánchez afirmó en su momento que en el Perú hubo dos Cortes Supremas, la anterior y la posterior al Oncenio. Desde entonces, podríamos hacer una lista de los escándalos producidos en la máxima instancia judicial como consecuencia de su dependencia del poder político y la inexistente supervisión de su conducta. Pero difícilmente se repetirán de forma simultánea, los factores que posibilitaron la apresurada reforma constitucional que desmontó el Consejo Nacional de la Magistratura. De haber existido la intención de mejorar verdaderamente el sistema, se hubiera convocado a un debate académico para implementar uno nuevo, que recoja las frustrantes experiencias nacionales y lo útil de los modelos extranjeros.

Se pudo innovar, por ejemplo, estableciendo una verdadera carrera judicial que partiera de una Academia encargada de reclutar a jóvenes titulados en un régimen académico cerrado de dos o tres años, al estilo de la carrera diplomática, que permitiera estandarizar los criterios de interpretación jurídica de sus graduados, preparándolos para realizar una profesión radicalmente meritocrática y para desarrollar una jurisprudencia predecible y uniforme, que provocara la confianza de los ciudadanos e inversionistas. Se pudo conformar cinco o seis Cortes Supremas macrorregionales que resolvieran los recursos contra lo decidido por las Cortes Superiores, dejando que la Corte Suprema Nacional estudiara solo casos paradigmáticos y desarrollara doctrina jurisprudencial y acuerdos vinculantes. Incluso, se pudo incorporar lo mejor de los Consejos Superiores europeos, permitiendo que jueces y fiscales tuvieran representantes elegidos en sufragio directo y secreto, en la misma Junta Nacional de Justicia.

Desgraciadamente, se priorizó el utilitarismo dictado por una necesidad política puntual: reemplazar a los antiguos magistrados CNM para someter a jueces y fiscales a procesos de ratificación, léase depuración al estilo de Velasco en 1969, Belaunde en 1980 y Fujimori en 1992; sin modificar la estructura del sistema, los procesos de selección de postulantes, los incentivos para la correcta actuación jurisdiccional, y la forma de producción y control de las decisiones judiciales. En ese sentido, el frustrado proceso para elegir a los nuevos magistrados del JNJ podría ser una nueva oportunidad para incorporar nuevos conceptos a la administración de justicia y no repetir tan solo los procedimientos del antiguo CNM.



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