Ernesto Álvarez Miranda

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Autonomía de los jueces

La administración de justicia debe ser autónoma porque solo así se garantiza la existencia de una Constitución material que limite el poder y proteja las libertades y derechos de las personas que no pertenecen a los grupos sociales que gozan de influencia en los procesos de decisión. Por eso, el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano afirmaba que quien no tiene asegurada la separación de poderes carecía de Constitución. Eso quiere decir que el principio descrito por John Locke en su Segundo Tratado de Gobierno Civil de 1690, la separación de poderes o en realidad, los frenos y contrapesos, resulta esencial para identificar la calidad tanto de una democracia como del Estado de Derecho.

Me explico, en el Reino Unido Theresa May es la presidenta del Partido Conservador, es la líder de la mayoría en la Cámara de los Comunes y, por eso mismo, es la primer ministro, jefa de gobierno efectiva y líder del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿se podría afirmar acaso que no existe democracia? No, porque existe un verdadero pluralismo representativo y los espacios donde se toman decisiones importantes están abiertos a la participación de los interesados. ¿Hay Estado de Derecho? Sí, porque a pesar de que Gobierno y Parlamento están integrados, las decisiones jurisdiccionales son asumidas por órganos que no dependen de la política, como los jueces y la Cámara de Lores.

Lo mismo debería pasar en un presidencialismo latinoamericano, cuando la mayoría congresal es del mismo partido o alianza que el Presidente, pues la vigencia del Estado de Derecho depende de que los órganos de decisión jurisdiccional mantengan independencia efectiva respecto a los órganos de decisión política.

Por eso preocupa que el ‘premier’ Del Solar haya prometido la liberación de los promotores de la toma de carreteras, de una posible extorsión y otros actos delincuenciales ajenos a una legítima lucha reinvindicativa. Pero lo peor es que a pesar de que existen audios que los incriminan y que usan la violencia, la Sala Penal de Apelaciones de Apurímac haya dado cabal cumplimiento a la promesa gubernamental.

En momentos en que se está tratando de convocar a los mejores postulantes a la novísima Junta Nacional de Justicia, cuando el país tiene la esperanza de sentar las bases de una administración de justicia confiable y predecible, los jueces deben respetarse y ser respetados, y contar además con incentivos profesionales para garantizar su actuación independiente y autónoma de quienes detenten  temporalmente el poder político.



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