Ernesto Álvarez Miranda

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Cuestión de Confianza

La Cuestión de Confianza es una institución propia del parlamentarismo europeo; por tanto, su interpretación no puede olvidar su origen. Como se conoce, en ese tipo de gobierno solo hay elecciones parlamentarias, nunca presidenciales; producidos los resultados, el jefe de Estado encarga formar gobierno al líder del partido con más escaños en el nuevo Parlamento; una vez que asegura la mayoría absoluta, este líder parlamentario solicita a la Cámara política el otorgamiento del Voto de Confianza. En su condición de primer ministro, gobierna siendo líder de la mayoría parlamentaria y, al mismo tiempo, líder del partido con más diputados. En esas condiciones puede hacer Cuestión de Confianza en torno a una medida o propuesta que considere importante para su programa, disciplinando a la mayoría que lidera. Si la Cámara no se somete, cae el gobierno y el jefe de Estado disuelve la Cámara, esto es, la consecuencia de la falta de coordinación es la sanción a ambos órganos.

Se entiende entonces por qué no es común hacer uso de la Cuestión de Confianza en la Europa parlamentarista. En nuestra Constitución, cuya forma de gobierno es esencialmente presidencial, el mecanismo sirve como contención a posibles excesos del Congreso en su faceta de órgano controlado por una oposición agresiva; eso es factible porque nuestro Presidente de la República proviene de elecciones presidenciales y no del resultado de las elecciones parlamentarias. En nuestro país, el uso de la Cuestión de Confianza puede ocasionar la disolución del Congreso unicameral pero nunca la caída del Gobierno, por lo que sí cabe la delimitación del instrumento constitucional mediante ley; de no ser así, el Presidente podría abusar planteando la Cuestión de Confianza cada vez que presenta una iniciativa legislativa, o incluso, cuando emite decretos legislativos, condicionando la labor de fiscalización parlamentaria posterior, a la ratificación de ellos sin enmendadura alguna.

En el marco de las políticas de lucha contra la corrupción y de reforma política, no cabe exigir al Congreso que abdique de su función deliberativa, aprobando sin modificaciones cuatro proyectos de ley de reforma constitucional, bajo la amenaza de que el Gobierno considere no aprobada la Cuestión de Confianza planteada. Ello constituiría un notorio abuso del derecho y principio de separación de poderes.

Se trata de desarrollar legislativa y jurisprudencialmente los mecanismos de frenos y contrapesos que garanticen equilibrio entre los órganos constitucionales, jamás lo contrario, aunque coyunturalmente podamos tener animadversión o simpatía hacia los actuales actores políticos.



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