Ernesto Álvarez Miranda

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Debilitando el control parlamentario

La Convención de Filadelfia que redactó la Constitución Norteamericana de 1787 nunca tuvo la intención de crear un presidencialismo ni mucho menos tener un gobierno federal liderado por un presidente poderoso. Si bien es cierto que tomaron en cuenta el Protectorado de Oliverio Cronwell del siglo XVII, su intención fue instaurar un tipo de gobierno ‘de separación de poderes´, y así lo llaman hasta el día de hoy. Siguiendo los textos de John Locke, su preocupación fue lograr un régimen donde los principales órganos constitucionales estuvieran en perfecto equilibrio, sin que uno sea más fuerte que el otro, como garantía al concepto liberal de que la mejor manera de proteger la libertad de los ciudadanos es que ni el Ejecutivo ni el Legislativo tengan atribuciones sin sufrir controles efectivos.

Pese a ser elegido por el voto popular, el presidente norteamericano dentro de su país es menos poderoso que cualquier presidente latinoamericano e incluso de cualquier primer ministro europeo, pues sus decisiones y proyectos están limitados por el Congreso, por la Suprema Corte federal, por los jueces federales y estatales, y por el grueso entramado de los ‘cuerpos intermedios’, sindicatos, gremios y asociaciones, fuertes y numerosas. Precisamente lo contrario sucede en el Perú, los ‘cuerpos intermedios’ de la sociedad son débiles y la administración de justicia está obligada a permitir las presiones de periodistas, políticos y las ONG, no solo de los órganos constitucionales, pues al estar sometidos a periódicas ratificaciones, deben redactar sus fallos con un ojo puesto en las noticias.

En esas condiciones podría ser destructivo para el ‘equilibrio de poderes’ disminuir la capacidad de ejercer control político a la Cámara de Diputados que tendremos en 2021. Los proyectos de reforma apuntan a quitarle la posibilidad de otorgar el voto de confianza al Consejo de Ministros y a censurar individualmente a un ministro. Cabe preguntarse con qué lógica se puede censurar a quienes no se les ha otorgado confianza alguna, y si es efectivo que si un ministro comete un serio error político deba arrastrar al gabinete entero a la censura, agotando el Congreso su única bala en ello; quedando a partir de ahí prácticamente incapacitado para ejercer el control parlamentario, una situación similar a la actual, donde ni los funcionarios de segundo nivel contestan ya sus pedidos de informe.

Si cualquier nuevo aventurero puede ganar las presidenciales, es sumamente peligroso castrar la fiscalización del futuro Congreso por los posibles errores de los protagonistas del presente quinquenio.





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