Ernesto Álvarez Miranda

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El TC en las propuestas electorales

El debate constitucional fue intenso en el año que concluye. Después de mucho tiempo, la parte ‘orgánica’ de la Constitución fue objeto de polémica a cargo de profesores que expresaron ante los medios interpretaciones contradictorias de los mismos hechos políticos; quedó expuesta así la peculiar naturaleza de la Constitución: pacto social y político y, al mismo tiempo, norma jurídica. No existe una forma correcta de comprender la política a la luz de la teoría constitucional, sino varias formas de encontrar soluciones según la perspectiva ideológica de cada analista. Desde esa constatación fáctica se desprende la enorme complejidad de la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales porque la función es política, aunque se traduce en lenguaje jurídico.

Es peligroso, por eso, pretender ‘solucionar’ la supuesta politización de nuestro Tribunal Constitucional proponiendo la modificación irracional de la forma de elegir a los magistrados, llegando incluso a proponer fórmulas academicistas como su selección a cargo de la futura Junta Nacional de Justicia, como si fuese posible encontrar siete juristas asépticos y apolíticos, ajenos a cualquier prejuicio ideológico. Al contrario, sería sumamente peligroso pretender que el Pleno del TC, que ante cada conflicto hace hablar al texto constitucional, no refleje las grandes corrientes políticas o perspectivas ideológicas existentes en la misma sociedad a la que sirve. Por ello, el TC es elegido por la asamblea política, debiendo hacerlo el Senado, manteniendo la exigencia de mayoría calificada de dos tercios del número total de integrantes de la Cámara porque así se activan los vetos que eliminan a los juristas de pensamiento extremista y se fortalecen las candidaturas que obtienen mayor consenso.

Es necesario garantizar una significativa cualificación técnico-jurídica en cada elegido, exigencia ya señalada por Kelsen y que, para Pietro Virga, es la única circunstancia capaz de evitar la dependencia inadecuada del magistrado con respecto a las organizaciones políticas que pudieran haber auspiciado su elección. Una regla perfectamente posible para obtener ese resultado, sería aprobar el requisito de tener la categoría de profesor principal o asociado en una universidad licenciada, exigencia que sin descartar a quienes se dedican mayormente al litigio, asegura un nivel académico e incluso cierto prestigio académico.

Finalmente, cuando se polariza el debate y se radicaliza la judicialización de la política, más necesidad hay de respetar los protocolos de solemnidad y cordialidad entre los magistrados, en la urgencia de resolver demandas explosivas mientras se mantiene la convivencia y legitimidad institucional.



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