Ernesto Álvarez Miranda

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Financiamiento de la campaña electoral

Una de las claves más importantes en una democracia representativa es cómo solventar el costo de la presentación de los aspirantes a convertirse en representantes. Cada agrupación política, sea permanente y programática, o temporal y meramente caudillista, necesita realizar una campaña publicitaria para ofrecer a su candidato presidencial a sus potenciales electores; el gasto necesario excede con facilidad la valla de los 10 millones de dólares, si se tiene la pretensión de llegar a la segunda vuelta. Obviamente, el aporte voluntario u obligatorio de los militantes resulta insuficiente, cuando no, inexistente.

Parte fundamental de una campaña consiste en tocar puertas a empresarios y directivos para solicitar el imprescindible apoyo económico. Con suerte, éste llegará sin condicionamientos porque quien financia teme la victoria del rival, posiblemente por su programa abiertamente contradictorio con el modelo económico que permite la actividad del empresario; en muchas otras ocasiones, el aporte supondrá un tácito acuerdo: ‘si en algún momento necesitamos de ti, nos ayudas en lo posible’, lo que no supone necesariamente la realización de actos ilegales, pero que compromete al futuro Gobierno si el aportante es una poderosa empresa internacional que colecciona tanto millonarios proyectos como presidentes, empresarios locales y periodistas. Por ello, es importante reducir el gasto total de las campañas electorales estableciendo límites estrictos en los montos de la contratación de publicidad en televisión, por ser la más costosa, y permitiendo que el Estado contrate espacios para su distribución proporcional entre los candidatos presidenciales.

En la experiencia de las democracias más avanzadas sabemos que no se debe evitar que los candidatos obtengan financiamiento legal para sus campañas, de plano, impedirlo ocasionaría que gane el candidato con mayor simpatía para las empresas periodísticas o del que desprejuiciadamente acepte dinero ilegal; así, lo más importante es el controlar cualquier contraprestación indebida mediante una legislación adecuada y una Contraloría activa.

Las amenazas fiscales y citaciones judiciales a quienes han aportado en el pasado, ahuyentan la formalidad y reducen la futura contribución de buena fe, propiciando el aporte clandestino; así, las agrupaciones serias tendrán problemas para participar competitivamente del próximo proceso electoral, favoreciéndose a quienes reciben dinero en cajas de zapatos, de gobiernos extranjeros vía valija diplomática, o de actividades como el narcotráfico o la minería ilegal, representando ello inmenso perjuicio al país. En todo caso, las reglas no pueden estar en el texto constitucional sino en una dinámica legislación electoral.



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