Ernesto Álvarez Miranda

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Justicia y separación de poderes

A finales del siglo XVII Locke realiza la primera teorización del principio de separación de poderes, observando el co-gobierno entre la Corona y el Parlamento, como fruto de la Gloriosa Revolución de 1688. Desde entonces, diversos autores han complementado la formulación, en la línea de los ‘tres poderes’, como si el nombre de cada uno se estableciera según la función estatal por cumplir: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Así, los menos despiertos supusieron que se trataba de compartimentos estancos, atribuciones exclusivas que cada órgano desarrollaba con absoluta independencia. Obviamente que nunca fue así, se trata de distintas personas que participan en cada proceso de decisión,  limitándose unos a otros, lo que se denominó checks and balance, frenos y contrapesos.

La relación entre el Gobierno y Parlamento fue conflictiva, de las posibles soluciones se obtuvo la moderna clasificación de tipos de gobierno, esencialmente parlamentarismo, presidencialismo y formas híbridas. Mientras los norteamericanos apostaron a un modelo donde se consagra la separación radical del Ejecutivo rerspecto al Legislativo, los europeos en general mantuvieron su tradición, basada en las elecciones parlamentarias y en sus mayorías. El problema se presenta cuando hay que determinar la autonomía de su justicia, en Francia y Prusia los jueces son simples funcionarios que deben obedecer la ley, en Norteamérica razonan en el Common Law, pero son designados mediante la colaboración de Ejecutivo con Congreso, tanto a nivel estatal como en el federal.

En el siglo XX se plantea una pregunta, si en el parlamentarismo el líder del Ejecutivo no es otra persona que el Primer Ministro, y éste en realidad es el líder de la Cámara política, y al mismo tiempo líder del partido más votado en las elecciones, ¿cómo puede existir separación de poderes Ejecutivo y Parlamento si están efectivamente dirigidos por la misma persona? La respuesta es simple, la moderna noción de división de poderes se concreta cuando los órganos de decisión política están realmente separados de los órganos de decisión jurisdiccional. Cobra entonces una nueva dimensión la autonomía de la administración de justicia, así como el Estado de Derecho consiste en limitar al poder mediante el Derecho, Parlamento y Gobierno deben de estar controlados por los órganos que no actúan por mandato de la soberanía popular sino por vigencia de la soberanía constitucional.

Así, la selección y actuación de los jueces no es solo una cuestión técnica, tiene profundas implicancias en la calidad del sistema democrático-constitucional, en el Perú nos falta comprenderlo.

 



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