Ernesto Álvarez Miranda

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La Cenicienta cumplió 25

La Asamblea Constituyente de 1978 fue objeto de estudio en el mundo entero, acuñándose el concepto de ‘salida a la peruana’. Desde entonces, se ha escrito mucho de la gesta de recuperar la democracia con diálogo y negociación. Incluso la izquierda marxista, que se negó a firmar el texto constitucional, años después asumió con cierto orgullo su ardorosa participación en los debates. Por el contrario, el Congreso Constituyente Democrático de 1993 no ha suscitado entusiasmo académico; en realidad, la mayoría de sus miembros ya han fallecido o se han retirado, por lo que bien podríamos afirmar que la Constitución de 1993 es la Cenicienta de nuestra política, pues sin el respaldo significativo de partidarios ha sido relegada a la zona de servicio, para ella no hay fiestas ni recepciones, y si alguien la recuerda es tan solo para pedir su despido.

Al finalizar el año 2018 nuestra Cenicienta ha cumplido 25 años, pero no tuvo celebración en Palacio de Gobierno ni en el Congreso. No se conoce si en las instituciones que creó, Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo, alguien reunió a un puñado de asesores para brindar por la cumpleañera. Sin embargo, continúa sirviendo con diligencia a la sociedad que la desprecia. Cada uno de sus Títulos han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional y lejos de ser una declaración de principios y buenas intenciones, se ha convertido en norma jurídica en favor de trabajadores, empresarios, universitarios, consumidores, transportistas, pescadores, una larga lista de ciudadanos que mencionan los preceptos constitucionales ante jueces y funcionarios en todo el territorio estatal, buscando con ello proteger sus derechos e intereses.

Cuando fue aprobada la Ley Fundamental de Bonn, ahora convertida en Constitución alemana,  tropas extranjeras tenían el mando efectivo del país. La Constitución japonesa fue escrita, en gran parte, por abogados norteamericanos. Lo que legitima un texto constitucional es su utilidad, no necesariamente su origen, por eso es necesario comenzar a apreciar la Constitución que tenemos, modificándola con prudencia y sagacidad, evitando destruir los consensos políticos y los valores sociales con cambios bruscos y modas pasajeras.

La mejor prueba de la silenciosa y eficiente labor cotidiana de la Carta de 1993 se encuentra en la identidad de sus principales detractores: extremistas cuyo propósito es destruir la Democracia ‘burguesa’, eliminando primero las limitaciones a la actividad empresarial del Estado y la obligatoriedad de respetar el equilibrio presupuestal, entre otros principios del excelente régimen económico de nuestra Cenicienta.

 



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