Ernesto Álvarez Miranda

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La Constitución amenazada por el cálculo político

El pronunciamiento de un grupo de abogados constitucionalistas publicado el 24 de agosto realmente afectó la propuesta presidencial de modificación constitucional para adelantar las elecciones. Palacio tuvo problemas en encontrar voceros que arriesgaran su prestigio para construir argumentos de respuesta. Solo pudo reclutar a conocidos izquierdistas, coincidiendo con el apoyo socialista que ostenta en la televisión, en las redes sociales y en el Congreso, evidenciando que la prioridad no es el fortalecimiento de la democracia ni garantizar la estabilidad política, fundamentos necesarios para promover el crecimiento económico.

Nadie discute la atribución presidencial de iniciativa legislativa en materia de reforma constitucional, lo que se discute es que no puede instruir a su coordinador de Gabinete Ministerial a plantear una Cuestión de Confianza para condicionar, a su gusto, el resultado del debate de la reforma constitucional. En el presidencialismo peruano, Ejecutivo y Congreso reciben sendos mandatos populares por un plazo determinado, el mismo que no puede ser modificado solo por conveniencia política, lo que sí se puede hacer en el parlamentarismo europeo donde hay solo un mandato popular al depender todo de las elecciones parlamentarias. Ese es un rasgo típico que configura el Régimen Político, por lo que pretender aplastar la autonomía del Congreso con una directa amenaza de disolución, resulta una clara violación del principio de Separación de Poderes, que constituye parte esencial del núcleo duro de la Constitución, por lo tanto, inmodificable.

Desde Palacio de Gobierno se provocó una falsa crisis política en función de proyectos concebidos por personas que no conocían la administración de justicia ni habían tenido experiencia en partidos políticos. Su aprobación representa ya serios problemas para una democracia cuyo futuro inmediato ya está complicado por la parálisis económica. A pesar de todo, la Presidencia insiste en su proyecto declarado innegociable en un nuevo acto antidemocrático. Es preciso recordar, además, que si bien el actual Pleno del Tribunal Constitucional dejó pasar una magnífica oportunidad para delimitar la Cuestión de Confianza, sí definió su naturaleza como instrumento para obtener gobernabilidad favoreciendo la labor gubernamental, exactamente lo contrario a la declarada intención de Palacio que consiste en poner fin al Gobierno, no por una verdadera crisis, sino por un frío cálculo político y electoral, pues la batucada izquierdista que dirige el país está segura de poder colocar ahora mismo al nuevo Presidente, legitimando por fin con votos el actual extraño poder que detenta, siendo el 2021 un año absolutamente impredecible.

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