Ernesto Álvarez Miranda

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La crisis de la Universidad Pública

Cuando los académicos de izquierda escriben sobre la universidad expresan su aversión por la oferta privada de servicios educativos, con la misma pasión con la que sostenían en los 70 la existencia de actividades estratégicas como la telefonía, que no debía quedar en manos de empresarios particulares. Ahora critican el despreciable afán de lucro de algunas sociedades que apuestan por gestionar universidades en el país. Increíblemente, anteponen su ideología a los hechos, desconociendo que la alianza entre la Empresa y la Academia en investigación aplicada bien podría tener como impulso decisivo las utilidades para los accionistas de ambas entidades; allí no está el problema, sino en las deficiencias de la Universidad Pública, principal responsable de la grave crisis de la educación superior en el Perú.

Salvo un puñado de universidades estatales con prestigio, el resto brinda una pésima preparación porque carece de profesores adecuados, de incentivos para renovar su plana docente con gente actualizada, rinde culto al asambleísmo y sus campus son dominados por grupos radicales, careciendo además de capacidad de gestión mínima. Si se revisan las cifras de aplicación del presupuesto, la mayoría ha ejecutado menos del 70 % al final de 2018, a pesar de que varias cuentan con cuantiosos recursos económicos provenientes del canon minero. Se trata de estudiantes sin medios económicos para acceder a la oferta privada, pero con la inteligencia y el empeño para construirse un futuro profesional, de  estafados por un Estado que incumple su labor de generar Igualdad de oportunidades para la juventud estudiosa, la verdadera razón de ser de la universidad pública. Es en esos espacios, donde germinan las universidades chicha, las que no disimulan su pésima calidad, porque les basta con ofertar un servicio educativo mínimo para superar a la universidad pública del lugar.

Sunedu tiene la misión de evaluar con los mismos criterios a todas las universidades, a fin de sacar del mercado educativo a todas aquellas que no reúnan las condiciones mínimas de funcionamiento, sean particulares o públicas. Así como esperamos que se cierren las particulares que, por ejemplo, ofrecen negligentemente la carrera de medicina a 300 soles mensuales, también creemos que las públicas que no cumplen estándares de calidad y cuya creación respondió a oscuros intereses políticos de congresistas en quinquenios pasados den la oportunidad a los estudiantes de movilizarse a otras que sí les ofrezcan un futuro profesional y el anhelado acceso al mercado laboral.



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