Ernesto Álvarez Miranda

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Limitar la cuestión de confianza

Fue importante el debate político de la cuestión de confianza, ojalá nos acostumbremos a discutir civilizadamente nuestras diferencias. Y felizmente la academia participó intensamente, apuntalando con racionalidad a una imprescindible clase política que sufre de deslegitimación por las deficientes reglas electorales vigentes. Quedó claro que el Ejecutivo puede presentar iniciativas legales al Congreso, aun en materia de Reforma Constitucional, aunque subsiste la duda de la corrección de hacer uso de la cuestión de confianza sobre estas; en todo caso, ya son dos antecedentes que abonan a la tesis convencional: si ya se hizo y se aceptó, sí es posible. Se logró establecer que así como el Congreso puede censurar o negar el voto de confianza a un Consejo de Ministros, el Presidente puede disolver el Congreso, aplicando la teoría de los frenos y contrapesos; pero la cuestión de confianza queda sobrando, pues podría ser planteada cada semana por un Gobierno abusivo, sobre cualquier inciativa o idea, por más inconveniente o irracional que pueda ser, con dos posibles consecuencias que serían absolutamente inaceptables: o el Congreso es disuelto cada vez que legítimamente se opone al Ejecutivo, o el Congreso al ser domesticado y deja de realizar su función de control sobre el Ejecutivo.

En su momento, escribí en contra de la revocatoria como institución contradictoria a la democracia representativa, quienes dependen de las coyunturas me relacionaron con el socialismo municipal, pero hoy la revocatoria ya tiene algunos candados para evitar su uso abusivo. Lo mismo se tiene que hacer con la cuestión de confianza, por cierto diferente que el voto de confianza, puesto que habiendo sido importada del parlamentarismo europeo responde a frenos y contrapesos que aquí no se producen: quien invoca la cuestión de confianza es el primer ministro, el verdadero gobernante, ante una Cámara de Diputados cuya mayoría lidera, al ser el jefe del partido con más escaños, y a pesar de ello, percibe que no se está respaldando una política gubernamental esencial; el planteamiento es gravísimo, si no la aprueban, cae el primer ministro con todo el gabinete y es disuelta la Cámara, se van todos. Por eso, en España solo fue usada dos veces, en 1980 y en 1990; en Europa no requiere de normas que la limiten, aquí sí es necesario, pues quien gobierna no es el presidente del Consejo de Ministros, sino el propio Presidente de la República, quien podría reemplazarlo por cualquiera de sus ministros, y así alternarlos sin sufrir consecuencia política alguna.



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