Ernesto Álvarez Miranda

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Los peligros de la cuestión de confianza ilimitada

La ingeniería constitucional prevé el equilibrio entre los órganos que desarrollan las principales funciones del Estado, de forma que se controlen mutuamente, al tiempo en que disponen de instrumentos para responder proporcionalmente al embate del adversario. Así, nuestra Constitución dispone que el presidente del Consejo de Ministros puede ser censurado; a cambio, el Ejecutivo responde, luego de la segunda censura o de la segunda vez que el gabinete no obtiene el voto de confianza.

Este instrumento es propio del parlamentarismo y obedece a una lógica política: el jefe de gobierno debe tener el respaldo de la mayoría parlamentaria y para formalizar ese hecho pide el voto de confianza; entonces, ese cargo se concede al líder de ese grupo o alianza parlamentaria; si deja de ser el líder, entonces debe dejar el cargo voluntariamente o recibe un voto de censura constructivo.

Otra cosa es la posibilidad de plantear la cuestión de confianza pues lo hace el jefe de gobierno para disciplinar a su propio grupo o alianza parlamentaria, forzándolo a apoyar una determinada política gubernamental; al hacerlo, pone en riesgo tanto a su mayoría como a su propia continuidad en el cargo, pues de no obtener una votación favorable, pedirá al jefe de Estado la disolución de la Cámara, y si las nuevas elecciones parlamentarias no lo favorecen políticamente, deberá renunciar o esperar el voto de censura, así funciona.

En un presidencialismo como el nuestro, el presidente del Consejo de Ministros no es jefe de gobierno, pues esa condición pertenece al Presidente de la República; el mal denominado premier tan solo es el coordinador que actúa por orden y en representación del jefe de gobierno.

En caso de no obtener una votación favorable luego de plantear la cuestión de confianza, al elegido por el pueblo en segunda vuelta no le pasa nada, no arriesga más que la permanencia de su coordinador, mientras la mayoría parlamentaria pierde su primera bala de plata o consume su segunda, condenándose a la disolución inmediata, pues posiblemente jamás fue un grupo partidario del jefe de gobierno.

Se hace evidente entonces el desequilibrio, pues mientras en España los jefes de gobierno no hacen cuestión de confianza desde Adolfo Suárez, casi 40 años, en el Perú podría plantearse como archivo adjunto a cada proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo y enviado al Legislativo, que se convertiría en una dependencia subordinada a Palacio de Gobierno.

 





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