Ernesto Álvarez Miranda

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¿Meritocracia o paridad obligatoria?

Aparentemente superada la crisis del Ministerio Público, se debe concluir lo antes posible el debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de la novísima Junta Nacional de Justicia, y una vez aprobado, comenzará a correr el plazo de 90 días para que la comisión que preside el defensor del Pueblo seleccione a los integrantes de la Junta.

El referido proyecto de ley se sustenta en principios incuestionables, como el de meritocracia y no discriminación, incluso el de igualdad, pero cuando los desarrolla encontramos una flagrante contradicción al momento de querer imponer la paridad como obligación, pues la cifra es impar, y peor aún, si en el supuesto dado que dos hombres quedaran ubicados entre los 7 primeros puestos, se tendría que quitar el puesto a una mujer para dárselo a un hombre que estuviera por debajo de la lista, con el fin de satisfacer la arbitraria necesidad de presentar un mínimo de 3 hombres y 3 mujeres, quebrando así el principio de meritocracia subordinado al de paridad. Y como la transparencia es también un principio del proyecto de ley, se entiende que todo este procedimiento será de público conocimiento, esto es una innecesaria y permanente exposición para el postulante favorecido, y por supuesto un descrédito para su trayectoria profesional. Si la paridad obligatoria se extendiese a los concursos que organice la Junta, todo lo ya logrado por la abogada será puesto en entredicho, al sugerir que el éxito personal es resultado de la cuota de sexo y no por mérito profesional.

Los que tenemos la suerte de trabajar en las facultades de Derecho del país, sabemos perfectamente que nuestras graduadas, mayoritariamente ubicadas en los primeros puestos de cada promoción, no necesitan de ayudas o de sistemas de cuotas que devalúen la importancia de sus esfuerzos académicos; por el contrario, requieren y exigen ser tratadas como iguales, con total prescindencia de su sexo.

La paridad debe ser una tendencia implícita, no obligatoria, cuando se trata de decisiones que permiten un margen de discrecionalidad, como por ejemplo, al momento de elegir un gabinete ministerial. Sin lugar a dudas, habrá no menos de 5 mujeres o 5 hombres que estén calificados para cada cartera y sean cercanos políticamente al Presidente. En cambio, cuando la decisión deba sustentarse en la meritocracia o en elecciones internas, resultaría contraproducente para la causa de la igualdad, el variar de manera arbitraria los resultados legítimamente obtenidos.





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