Ernesto Álvarez Miranda

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Retomando la cuestión de confianza

Habiendo perdido Fuerza Popular la batalla por el control del Congreso, es momento de retomar el debate académico sobre la cuestión de confianza, sin el apasionamiento anterior, pues el fragor de la lucha y el olor a sangre impedían concentrarse con racionalidad en afinar los controles políticos interógano entre Ejecutivo y Legislativo, concretamente, la cuestión de confianza.

Tratándose de un injerto proveniente del parlamentarismo, tomemos como referente a España; allí, quien gobierna no es el jefe de Estado, sino el jefe de gobierno. Este cargo es ocupado por un diputado, líder del grupo parlamentario que ha alcanzado la mayoría absoluta de los escaños, sea como partido o como coalisión de partidos, recibiendo el voto de confianza de parte de la Cámara, que constituye una investidura con la que inicia su mandato gubernamental por el tiempo que dure su condición de diputado, o hasta que reciba un voto de censura (por mayoría absoluta), o al perder la cuestión de confianza sobre un programa concreto o una declaración de política general, las dos únicas causales para su uso.

En España solo dos jefes de gobierno la han usado, Adolfo Suárez en 1980 para impulsar el régimen autonómico, y Felipe González en 1990 para el recuento de votos en tres localidades, ya que el gobierno está a cargo del líder de la mayoría parlamentaria; no sería lógico ni constitucional plantearla para forzar a sus propios correligionarios a aprobar un proyecto de ley, ni para impedir que la Cámara censure a un ministro. Además, una vez usada, en caso de no recibir el apoyo de la mayoría simple, el gobernante debe renunciar junto a todos sus ministros, lo que normalmente ocasiona elecciones parlamentarias anticipadas y el triunfo del partido opositor.

Así las cosas, es racional que, para adaptarnos al uso correcto de la cuestión de confianza, tengamos que establecer sus límites, tanto en cuanto a su formulación como en el procedimiento y consecuencias. De no ser así, en un presidencialismo frenado como el nuestro, se convertiría en un arma política sin el control adecuado, pues usada por un Ejecutivo irresponsable, podría acompañar cada iniciativa legislativa y cada decisión del presidente, incluso, sería planteada para frenar interpelaciones y posibles censuras ministeriales, e incluso investigaciones parlamentarias, bloqueando gravemente las funciones del Congreso y convirtiendo al régimen en una dictadura presidencial, pues de ser rechazada la cuestión de confianza, solo provocaría la caída del Consejo de Ministros, no la del jefe de Gobierno.



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