Imputábamos ayer un crimen al presidente Vizcarra –y en especial a su ex ministro trotskista Zamora- por la muerte de miles de connacionales fallecidos por carencia de oxígeno en hospitales y clínicas -públicas y privadas- del país, como consecuencia de su ineptitud –o perversidad- al haber prestado oídos sordos al llamado de la sociedad. Reclamo hecho desde principio de mayo por los medios de comunicación no vendidos a este gobierno títere, demandando que el Estado adquiriese plantas para generación y envasado de oxígeno. ¿Cuál fue el resultado?, nos preguntábamos. Pues que desde comienzos de mayo, hasta la fecha, este gobierno –en particular el ex ministro trotskista Zamora- se cruzó de brazos observando cómodamente desde su despacho fallecer a muchísimos miles de ciudadanos por escasez de oxígeno. Vale decir, un delito de lesa humanidad. ¡Y no pasa nada! Preguntábamos entonces, ¿es dable que este régimen haya dispuesto, entre mayo y hoy, de US$38,000 millones sólo para atender las efectos del Covid, y sin embargo durante estos tres meses ha sido incapaz de invertir todo lo necesario para comprar plantas envasadoras de oxígeno destinadas a salvar vidas humanas? Pues lamentablemente sí es posible. Es lo que ha hecho -y sigue haciendo- el régimen Vizcarra. Más aún. Algo parecido ha ocurrido con las pruebas moleculares. El trotskista Zamora se negó a adquirirlas, imponiendo que el Estado compre -a precio de escándalo- un millón y medio de unas llamadas “pruebas rápidas”, carentes de toda confiablidad y sin duda causantes del macabro contagio que sigue en plena ebullición, y que ha generado la muerte de –extraoficialmente- más de cincuenta mil ciudadanos. Complemento de esta temeridad es que el trotskista Zamora tampoco articuló un plan de seguimiento a los examinados que dieron positivo. En consecuencia todo ese gasto en pruebas sobrevaloradas fue un fiasco. Porque el Estado fue incapaz de establecer un cordón sanitario, controlando a los contagiados asintomáticos para evitar propagar la pandemia que, en efecto, se ha desatado. Esto se llama delito. ¡Y debe ser penado!

Apostilla. Un reciente informe precisa que el ROE (Return on Equity) de Credicorp, la principal corporación bancaria del país, cayó a menos 10.7% porque “las provisiones –conservadoramente- se dispararon cinco veces para cubrir préstamos vencidos”, así como renovaciones de crédito no sujetos a intereses “por incapacidad de pago de sus clientes”. Ese anuncio explica la profundidad de una crisis económica sin precedentes, que sólo estaría mostrando los síntomas iniciales de la debacle que vamos a soportar durante los siguientes, al menos, dos años. Trance del cual pocos hablan, alucinando inútilmente que callándolo les permitirá aliviarlo en algo. Este cataclismo es resultado del infame manejo que mantiene el gobierno Vizcarra alrededor del asunto sanitario, agravado por el cese total de actividades que dispuso durante tres meses. Semejante tempestad requeriría ser atendida profesionalmente. Caso contrario, soportaríamos un colapso macroeconómico-financiero cuyos indicios superarían la hecatombe que sufrió el Perú a finales de los ochenta. Consideramos que, en un contexto tan serio, la crisis rebasa las posibilidades de una ministra de Economía junior. Como la señorita Alva.