No soy de aquellos que contribuyen con el “apanado mediático” cuando las personas o las instituciones sufren alguna crisis de reputación; sin embargo, dada la coyuntura, estoy obligado institucionalmente a escribir sobre el escándalo desatado por la muerte de una ex trabajadora del Congreso y su vinculación con acciones relacionadas con presuntos favores sexuales ofrecidos por un exfuncionario del Parlamento.
El problema no nace con el funcionario destituido, sino con la forma en que algunos empleados y funcionarios son designados por sus vínculos políticos. Conozco el Parlamento desde hace más de 40 años, y los presidentes del Congreso y Oficiales Mayores de entonces buscaban que los empleados del servicio parlamentario fueran personas que, ante todo, tuvieran amor por la institución y vocación de servicio. Dentro del Servicio Parlamentario había personas que sentían la política como una oportunidad para servir a los demás y no para servirse de ella. No digo que éramos perfectos, pero en líneas generales nos sentíamos “privilegiados” de estar en el Congreso y tener desde allí la oportunidad de servir a la nación.
Durante los 90, los presidentes del Congreso respetaron la antigüedad de los servidores parlamentarios y la meritocracia; siendo Oficial Mayor, jamás se me impuso a alguien que perteneciera a un partido político, y menos a alguien que no estuviera preparado académicamente o que careciera de experiencia. En realidad, no se me impuso a nadie, porque los puestos de mayor relevancia ligados al manejo presupuestal eran concursados por empresas especializadas.
Ello cambió para mal desde el año 2002, cuando los presidentes empezaron a incorporar al Servicio Parlamentario a personas de sus partidos políticos. No digo que los militantes de los partidos no puedan trabajar en el Parlamento, pero la lógica me dice que si “eres político”, pues que te “designen en cargos políticos” y no en cargos de la burocracia estable, como el caso del exjefe de la Oficina de Legal y Constitucional del Congreso.
Espero que la Mesa Directiva del Congreso encuentre en esta crisis la oportunidad de hacer cambios en el Servicio Parlamentario: revisión exhaustiva de las redes sociales de todos los empleados del Congreso, incluyendo al personal de confianza de los congresistas; que los militantes que trabajan en el Servicio Parlamentario pidan licencia de sus partidos políticos; que algunos funcionarios dejen de hacer campaña usando los recursos del Congreso y apareciendo en redes sociales. Regresemos al trabajo profesional objetivo, sin tintes político-partidarios.

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