La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, dictaminó el “Acuerdo de Escazú”, sobre pretendida protección del medio ambiente, rechazando el pedido del Poder Ejecutivo para su aprobación por el Congreso de la República, requisito constitucional para que el Gobierno Nacional lo ratificase. Consecuentemente, la comisión parlamentaria a la que nos referimos dispuso el archivamiento del pedido y, ante la reconsideración formulada por algunos miembros de la comisión, la desestimó. La solicitud del Ejecutivo hoy se encuentra en el archivo del Congreso.

Siendo crítico, por lo general, del actuar del Parlamento, en esta oportunidad tenemos que destacar la pulcritud como la Comisión de Relaciones Exteriores ha actuado, recabando opinión de muchísimas instituciones y expertos en la materia, así como recibiendo los aportes de otras personas a las que se les citó virtualmente a que expusieran sus puntos de vista, sea en un sentido o en otro. El análisis de la comisión fue prolijo y la conducción del debate digna de ser modelo para otras comisiones congresales.

La mayoría de los que nos hemos expresado contra la aprobación del Tratado, lo hemos hecho no por estar en contra de la defensa del medio ambiente y la protección ecológica, ya que estamos convencidos de que tenemos el deber de cuidar al planeta Tierra y más precisamente la parte de él que corresponde a nuestro territorio continental, mar de Grau, espacio aéreo, así como sistema fluvial y lacustre.

Nuestra negativa al Convenio Internacional se debe a infinidad de razones, entre las cuales se encuentra el ser lesivo a nuestra soberanía, pues en caso de controversias de naturaleza ambiental, ellas serían de conocimiento de Tribunal Internacional, en caso de no existir acuerdo arbitral. Esto es, derivamos la solución de diferendos a extraños, y ya tenemos la triste experiencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que regularmente ha tenido un sesgo ideológico contrario a nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, dictando sentencias reñidas con la realidad de los hechos en que aquellas nos han defendido del terrorismo homicida y destructor.

Más aún rompe el principio rector constitucional de igualdad frente a la ley, pues otorga protección especialísima a los que se autodenominan defensores del medio ambiente. No hay que repetir el error en que se incurrió hace algún tiempo con los llamados defensores de los Derechos Humanos.

Adicionalmente, recordemos que en el Perú la legislación en materia de protección del medio ambiente es amplísima y especializada, contando con diversas instituciones públicas rectoras del tema, incluso hasta un ministerio especializado.

Empero, debemos estar atentos, pues bien podría el Pleno del Congreso, en ejercicio de su poder constitucional soberano, ordenar el desarchivo del pedido gubernamental y llevar el tema al Pleno para su decisión, ya que solo es costumbre que los proyectos negativamente dictaminados, no pasen al Pleno. Por otro lado, en el siguiente año parlamentario que se inicia a fines de julio del 2021, el Ejecutivo de ese entonces podrá presentar nuevamente el pedido de aprobación del Acuerdo. No hay que bajar la guardia.