El sábado pasado se publicó en el diario El Peruano, el Decreto Supremo 164-2021-PCM, que establece la “Política General del Gobierno para el periodo 2016-2021”, que es una formalidad exigida por una norma legal del año 2018.

La publicación presenta la visión del gobierno mediante diez ejes temáticos, tan genéricos que pueden ser asumidos por cualquier partido político en el ejercicio del poder. Los que hoy creen que la novísima premier Mirtha Vásquez representa un cambio de rumbo, exhibirán el documento y la leve caída del tipo de cambio del orden del 4% -luego que la incertidumbre política lo llevó a incrementarse en 13%-, como una supuesta muestra. Tres puntos bastan para sustentar el escepticismo.

Una primera observación se refiere al “Eje 1: Generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria”. En su primera línea de intervención se compromete a: “establecer un sistema de salud universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo”.

Dos comentarios: ¿de cuántos fondos disponen para que los 32 millones de peruanos tengamos asistencia médica gratuita?, y ¿persisten en unificar EsSalud y los sistemas del Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y Policiales; con serio perjuicio al primero que ya tiene serias dificultades por recursos insuficientes?

La segunda observación corresponde al “Eje 6: Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo”. En su segunda línea de intervención se compromete a una respuesta efectiva contra el tráfico de drogas, entre otros. Es imposible hacerlo cuando se tiene un ministro del Interior que muestra desinterés por la erradicación del cultivo de la hoja de coca, y que algunos congresistas del partido de gobierno plantean expulsar a la DEA del Perú.

La tercera observación está referida al “Eje 9: conducción de una diplomacia nacional, autónoma, democrática, social y descentralizada”. En el tercer acápite se compromete a defender los derechos humanos (DDHH) en los foros globales.

Nada más contradictorio, cuando se reconoce al gobierno violador de los DDHH de Nicolás Maduro, designando embajador en Venezuela.
Bastan estas tres anotaciones para demostrar que su plan no tiene credibilidad alguna.

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