El Presidente de la República tiene la obligación de enviar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto General de la República para el siguiente año, no más tarde del 30 de agosto, conjuntamente con los proyectos de Ley de Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero. El Congreso debe aprobarlos no más tarde del 30 de noviembre y, en caso contrario, el Poder Ejecutivo aprueba el que presentó como proyecto, por Decreto Legislativo.

La Constitución del Estado tiene sabias regulaciones respecto al Presupuesto, como la que dispone que debe estar efectivamente equilibrado, esto es que no puede haber egresos superiores a los ingresos y que no pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente.

En adición, para tratar de evitar populismos y egresos inconvenientes o inoportunos, los congresistas no tienen iniciativa de gasto, aunque a veces entre bambalinas se dan maña para negociar egresos para obras, necesarias o no, en las circunscripciones por las que fueron elegidos.

El Presupuesto debe asignar equitativamente los recursos públicos, debiendo responder su programación y ejecución a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización.

Además de las normas constitucionales, hay otras leyes como la orgánica de los presupuestos y otras que también establecen limitaciones en el endeudamiento público, todo lo cual tiene que estar amarrado con el Marco Macroeconómico Multianual que acaba de aprobarse para los años 2021 al 2024.

Para el Presupuesto para el próximo año, hay que estar vigilantes a fin de que se prioricen los gastos necesarios en materia de salud, educación y seguridad, teniendo en consideración las deficiencias y carencias que eran conocidas, pero que por la pandemia del Covid-19 se han hecho más visibles.

La regla presupuestal más significativa tiene que ser la prudencia, y más para el próximo año, pues para ser claros, no sabemos cuándo terminará la pandemia, pero si sabemos que la recaudación tributaria será significativamente menor por la crisis económica en que estamos inmersos, originada en la emergencia sanitaria, más la irresponsable actitud de parte de la población y los errores cometidos por el Gobierno en sus tres niveles.

Los ingresos fiscales deberían calcularse sin falsos optimismos, dada la situación, y en el rubro de egresos la prudencia aconseja reglas de austeridad fiscal, eliminando todo gasto que no sea indispensable, pero privilegiando en todo lo que se pueda, la ejecución de gasto en obra pública que genere la utilización considerable de mano de obra, para enfrentar en lo que se pueda la desocupación que afecta a nuestra población.

El 2021 no es un año común y corriente, es un año especial pues además de enfrentarse la pandemia y sus nefastas consecuencias en materia social y económica, hay elecciones generales, y ellas demandan asignación de recursos. Es resabido que los años electorales son propensos al gasto demagógico para llevar votos al molino de cada cual, pero ahora, cuidadito, que sería altamente perjudicial al país.