El próximo Gobierno tendrá la histórica responsabilidad de hacer frente a la catástrofe económica y sanitaria provocada por la COVID-19, y por el opaco desempeño del actual régimen en su política de inversiones.
En la salud, somos el país con mayor número de muertos e infectados por millón de habitantes en el mundo, a pesar de mantener una prolongada y rigurosa cuarentena, incluyendo toque de queda.

En el aspecto económico, el PBI cayó 13 %, el más elevado desplome en América Latina de acuerdo a la Cepal, porcentaje coincidente con la proyección divulgada por el Banco Mundial.

Esa abrupta caída del PBI explica por qué, según el INEI, 6 millones 600 mil personas perdieron el empleo, por qué el volumen de pobres se incrementó en 2 millones 600 mil y por qué ha aumentado la criminalidad.

Las cifras son, sin duda, alarmantes, considerando nuestras conocidas fragilidades pre-COVID.
Con una población de 73 % de informales y 8 millones sin acceso al agua potable (1 millón 500 mil en Lima), las carencias son dramáticas, al extremo que el 47 % no cuenta con refrigerador en sus hogares, lo cual ha sido devastador con la pandemia.

En consecuencia, para ordenarnos y decidir hacia dónde vamos, lo primero que debe hacer el próximo Gobierno es sincerar cifras, decir la verdad, que incluye descorrer el misterio del torpe y macabro subregistro de fallecidos, porque hasta la fecha no sabemos si han muerto 35 mil, 50 mil o 70 mil compatriotas.

El segundo objetivo debería ser garantizar que los recursos públicos se empleen con eficiencia, lejos, muy lejos del bandidaje económico cubierto de corruptelas, como ha sucedido con algunos controvertidos proyectos. La Interoceánica del Sur comprometió 4,500 millones de dólares; el gasoducto, 7,328 millones de dólares; y la refinería de Talara, 6 mil millones de dólares, sumas excesivas para obras de dudoso beneficio; despilfarro que también se extiende a extrañas contrataciones en consultorías, programadas en 1,650 millones de soles para este año.

El Gobierno debió priorizar, sin duda, las inversiones seleccionando rigurosamente las obras indispensables para el desarrollo nacional. Uno de esos proyectos es la construcción de un tren de alta velocidad que conecte los mil kilómetros que separan las regiones de Ica y Piura, cuyo costo ha sido estimado en 10 mil millones de dólares, red ferroviaria que atendería un flujo anual de 57 millones de pasajeros, evitaría accidentes de tránsito y alentaría inversiones en la zona costera.

Ponerse de acuerdo dónde, cómo y cuándo invertir debe ser parte de una madura concertación para construir un Estado moderno, lo que implica disponer de cuadros técnicos para poner en marcha las inversiones programadas presupuestalmente, pero que no han sido ejecutadas por falta de capacidad gerencial o enmarañamiento burocrático, como lo demuestra que el año pasado 17 mil millones de soles retornaron al Tesoro Público.

Con el mismo propósito, la agenda 2021 debe considerar la ejecución de obras paralizadas por la agitación política promovida por grupos violentistas, camuflados como defensores del medio ambiente. Conga, Tía María y Las Bambas son tres casos paradigmáticos. Recordemos, en ese contexto, que para remontar la crisis pospandemia debemos impulsar las inversiones nacionales y extranjeras, varias de ellas trabadas. Por esa consideración tiene especial importancia activar la cartera de 47 proyectos mineros que alcanzan 57 mil millones de dólares, de los cuales 9 están en su última etapa de aprobación, por una cantidad cercana a los 12 mil millones de dólares: ahí encontraremos recursos para crear empleos y financiar programas sociales.

Los electores tienen el poder del voto para decidir el 2021 entre estadistas o demagogos, entre gobernantes y legisladores de calidad o personajes faranduleros sin ninguna formación para administrar un país donde millones personas se juegan la vida, entre quienes apuestan por la concertación o quienes lo hacen por la confrontación. Esa es la opción del Bicentenario.