Son frecuentes las declaraciones de las más altas autoridades del gobierno promoviendo las acciones tendentes a llevar a cabo una Asamblea Constituyente. Dicen ser coherentes con lo que prometieron en campaña. Efectivamente, su candidato, el actual presidente de la República, ofreció por calles y plazas impulsar dicha asamblea para discutir una nueva Constitución. Pero una cosa es el discurso de campaña a la que nos tienen acostumbrados los políticos y otra actuar como estadista, personificando a la nación. Una cosa es ser activista en campaña y otra ser autoridad designada para cumplir responsabilidades públicas de acuerdo con las normas y leyes vigentes y, sobre todo, dentro del mandato constitucional.

Hace pocos días, la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, anunció que su partido político, Perú Libre, viene recolectando firmas con el fin de impulsar la convocatoria a una Asamblea Constituyente, olvidando que ella está allí elegida o designada para labores puntuales de estado, dentro de la administración pública. Ya no es activista política. “Nosotros en campaña hemos hablado de que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien de todos los peruanos pasan por un cambio de la Constitución y estamos trabajando en ello, recolectando las firmas para ese referéndum de una Asamblea Constituyente”, señaló a la prensa, aun cuando parte de una premisa equivocada al desconocer lo que manda la Constitución.

En efecto, todo cambio total o parcial de la Constitución se genera desde el Congreso según el artículo 206 de la misma, vale decir que lo aprobado en el parlamento es lo único viable, tanto así que para la vigencia de las modificaciones que se hagan se requieren que las mismas sean aprobadas en dos legislaturas, pasando por alto el referéndum. El camino que desean seguir sólo será posible si es que se modifica el artículo 206, reforma que obviamente tendrá que pasar por la decisión política del Congreso.

Ya la Defensoría del Pueblo, alertó a las autoridades y funcionarios públicos a que guarden absoluta neutralidad en los procesos de recolección de firmas que se vienen desarrollando en materia de reforma constitucional. “La promoción y recolección de firmas están en manos de la ciudadanía. El Estado no debe intervenir desarrollando acciones o manifestando posiciones en favor o en contra de las mismas”, señaló en su página oficial. “El deber de neutralidad de los funcionarios públicos en esta materia conlleva también a que se encuentre totalmente prohibido utilizar recursos públicos en la promoción y en los procesos de recolección de firmas que actualmente se vienen desplegando. Así también, que se condicione el acceso o permanencia a los beneficios de un programa social o servicio público a cambio de una firma de adhesión a un determinado proyecto”, argumentó.

Están pues advertidos aquellos que consideran que estar en el poder es sinónimo de libertad plena para hacer lo que les plazca sin observar que existen normas y principios que rigen la gestión pública. La propia Defensoría ha señalado que “debe tenerse presente que la contravención de esta obligación, además de conllevar responsabilidad administrativa, puede constituir delito de peculado. Por ello, en miras a salvaguardar el correcto uso de los cargos, bienes y recursos públicos, corresponde a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público adoptar las acciones preventivas y sancionatorias conforme a sus atribuciones”. No empañemos la función pública por un apetito político desmedido.

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