A raíz de los actos violentos del “paro agrario” perpetrados en distintos puntos de la carretera Panamericana Norte y Sur, se ha repetido de manera aberrante que el ejercicio del Derecho a la Protesta prácticamente aguanta todo. Pero no. Bajo el supuesto manto de este derecho humano han fallecido personas; bloqueado vías nacionales y extorsionado o convertido en rehenes a centenares de transportistas y viajeros inocentes; destruido propiedad pública y privada y obligado a la paralización de empresas agroindustriales y agroexportadoras y nos quedamos cortos.

Lo peor de todo es que el Principio de Autoridad ha rodado por los suelos y al pergeñar estas líneas ni siquiera está claro si la causa que originó los desmanes se podrá resolver mediante un cuestionado proyecto de ley y si la flagrante ausencia del poder de policía y la pasividad demostradas por el Gobierno seguirán alimentando la amenaza de conmociones sociales parecidas.

Tenemos antiguo respeto por el ministro del Interior y la ministra de Salud. Sin embargo, cuando el primero formula declaraciones que dejan la sensación que no defiende a la policía nacional como debiera ante las asonadas, y la segunda suelta de cara al incendio de una ambulancia que en vez de diez unidades quedan nueve, algo grave ocurre, y pocas cosas son más graves para el sostenimiento de la institucionalidad democrática que un régimen débil y sin capacidad de indignación frente al vandalismo y la alteración del orden público.

La protesta es la expresión de la libertad civil y política de todo ciudadano de manifestarse y movilizarse de acuerdo a ley para pedir, reclamar o exigir a las autoridades el respeto por sus derechos. Ninguna protesta por legítima que fuere franquea el vandalismo y el delito ni puede existir Estado Constitucional y Democrático que lo tolere a riesgo de perderse. ¡AMÉN!