Durante esta semana, hemos sido testigos de cómo dos congresistas de la bancada del gobierno Morado se han paseado por los medios entre quejas y lloros, porque la actual Comisión de Ética del Congreso había decidido “investigar” sus conductas por presuntas irregularidades en contra de la investidura parlamentaria.

Apelaban a razones y sin razones, argumentando que se trataría de una venganza política o, de “por qué a ellos”, si supuestamente había otros casos peores; justificaciones por el estilo exponían ante una ciudadanía que, en muchos casos, no sabe exactamente qué es la Ética y desconoce el Código de Ética Parlamentaria que tiene estatus de Ley de la República.

La Ética es la ciencia de la conducta, que nos recuerda que nuestro comportamiento debe estar acorde a la dignidad de la persona humana que, a diferencia de todos los demás seres, cuenta con inteligencia, voluntad y libertad, para buscar la verdad y hacer el bien, porque nos da la gana; es decir, libremente. Cuestión que olvidamos o desconocemos, cuando no se ha tenido acceso a una educación humanística.

El Código de Ética del Congreso exige al parlamentario “realizar su labor conforme a los principios de independencia, transparencia, honradez, veracidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, democracia, bien común, integridad, objetividad y justicia. El principio de la independencia debe entenderse dentro de la lealtad al grupo político a que pertenezca.”

Por tanto, nada tiene que ver con la comisión de delitos que debe investigar y dirimir el Poder Judicial; sino que se trata de una autorregulación interna del Primer Poder del Estado que, debe ser responsable frente a sus electores y el país, de una conducta basada en los valores y principios de la dignidad humana y la dignidad del cargo que ostenta.
Si un parlamentario mintiera a sus electores y al país, diciendo que hubo “centenares de desaparecidos” en las marchas de protesta contra la vacancia del ex presidente Martín Vizcarra y no lo puede demostrar, es motivo suficiente para que la Comisión de Ética del Congreso investigue y dirima en primera instancia la falta de “veracidad”, obvia desde todo punto de vista.

Por tanto, pretender que la institución, a nombre de los electores, no le pida cuentas y le aplique la sanción correspondiente de acuerdo al Código de Ética, podría ser hasta una falta de objetividad y de integridad, también definidos como una falta a la investidura parlamentaria.

Por otra parte, si otros parlamentarios se ufanaran de consumir cualquier droga, de beber alcohol, o de fumar -aunque sea por supuestas razones “recreativas”- durante toda su vida, cuando los especialistas médicos nos han advertido del daño que producen al organismo humano y al propio desgobierno de la persona, estaríamos frente a casos de conductas “no respetuosas, íntegras y responsables”, como lo indica el Código de Ética Parlamentaria.

En estos y otros casos, la Comisión de Ética, integrada por representantes de las distintas bancadas de forma proporcional, podría recurrir a una “recomendación pública, amonestación escrita pública, amonestación escrita pública con multa o a larecomendación al Pleno de la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde tres hasta ciento veinte días de legislatura.” Sólo si se tratara de un delito, como el caso de una violación, corresponde hacer la debida denuncia judicial.

La Comisión y el Código de Ética se creó a inicios de este siglo XXI y en el año 2004 nos tocó conducirla -durante la Presidencia de Ántero Flores-Aráoz-, difícil, pero muy necesario servicio al Parlamento y a la ciudadanía.

Excongresista