En los últimos ocho días el gobierno ha puesto en marcha todos los ofrecimientos que hizo en campaña electoral: renegociación de contratos-ley, nacionalización de recursos naturales y segunda reforma agraria; manejando en vía paralela a través del partido Perú Libre, la recolección de firmas para un referéndum que devenga en la convocatoria a una asamblea constituyente.

Los dirigentes gremiales empresariales que tenían la esperanza que hubiese un Castillo tolerante y un Cerrón, Bellido y Bermejo intransigentes, debe haberles quedado claro que tienen la misma visión de gobierno y que las disputas tuiteras están entre la pantomima y las refriegas por cuotas de poder.

Sus expectativas reformistas sin agenda temática alguna, dan la señal que estamos ante decisiones basadas en creencias, sin racionalidad alguna de carácter socioeconómico. No hay que ser ilusos en creer que la persuasión basada en criterios técnicos podría generar un cambio de opinión. Lo que estamos viviendo es una confrontación iniciada por el Ejecutivo, aquí no hay “fair play” que valga, ya está demostrada la ambivalencia de Pedro Castillo.

El discurso transmite resentimiento, confrontación entre acomodados y desposeídos. Lo acabamos de ver en el Cusco con el lanzamiento de la llamada segunda reforma agraria en la simbólica fecha del 3 de octubre, que, en el año 1968, depuso al gobierno del fundador de Acción Popular, Fernando Belaunde, para dar paso a una dictadura militar. Hoy, sus herederos que hacen usufructo del legado en nombre y organización no han protestado por el mal uso de la aciaga fecha.

En circunstancias como éstas, es importante saber el camino a tomar desde la oposición. Para empezar, los poderes fácticos tradicionales, que cargan por su miopía con gran parte de la responsabilidad de lo que vivimos, son intrascendentes, su participación no suma, resta. La única vía que se tiene para el contrapeso, es la oposición en el Congreso de la República.

En el Legislativo tienen una prolífica agenda de decisiones a tomar: censura de Íber Maraví y Guido Bellido; rechazar pedido del Ejecutivo de facultades legislativas, rechazar excesos e indefiniciones de segunda reforma agraria, entre otros. Le compete impedir el deterioro económico.

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